Anoche se aprobó el decreto que reactiva el indulto presidencial, el cual entraría en vigencia el 15 de enero de 2012. Esto ha provocado polémica, ya que, mientras algunos defienden la efectividad de la pena de muerte para combatir la delincuencia, otros ven en esta medida un interés proselitista.
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Entre beneficios y dudas, el indulto presidencial podría ser manejado por candidatos políticos como pretexto en las próximas elecciones nacionales, lo cual no constituye una medida apta para combatir la delincuencia, según analizó el activista de derechos humanos Frank LaRue.
Jorge Mario Falla, subjefe de la bancada de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que «con esta medida la población puede estar tranquila, porque los delincuentes serán reprimidos y que posiblemente tendrán pena de muerte; esto dependerá de quién sea el nuevo presidente y si este candidato considera conveniente la pena de muerte».
Gudy Rivera, diputado por la bancada del Partido Patriota, aseguró que «con esta nueva forma de luchar contra los delincuentes habrá partidos y candidatos presidenciales que querrán «llevar agua para su molino» y harán propaganda con esta ley; además la población tiene que estar al pendiente de ver quiénes son realmente políticos y politiqueros».
Asimismo Oliverio García, diputado independiente, comentó que desafortunadamente el tema de seguridad y de pena de muerte será un tema de campaña política; se resuelve bajo dos criterios, como lo son el criterio político y con una necesidad urgente de desentrampar la agenda legislativa. Si me atengo a lo expuesto por el Presidente de la República por el veto que hizo al decreto 2008, el Presidente -si mantiene sus argumentos- tendría que vetar esta ley también».
De acuerdo con el mandatario Colom, no queda muy clara la estrategia legislativa utilizada para este decreto, ya que hay dudas si se «congelaría» el decreto para que sea conocido por su sucesor en la presidencia, o si la tendría que conocer él; en este último caso, la vetaría si es que es similar a un decreto anterior.
ílvaro Colom, presidente de Guatemala, duda sobre la legalidad que tiene el hecho de que la ley sobre el indulto de la pena de muerte deba ser vetado o sancionado por su próximo sucesor.
El mandatario ha asegurado que -de corresponderle a él esta decisión-, se pronunciaría de igual forma: vetando la posibilidad de que sea un mandatario quien conceda el indulto a un sentenciado a la pena capital.