Luego que la diputada Nineth Montenegro presentara en la Corte de Constitucionalidad y en la Corte Suprema de Justicia una petición para la destitución del ministro de Educación Bienvenido Argueta, personajes involucrados en la vida polí­tica del paí­s así­ como también analistas indicaron que la transparencia es imprescindible.

Ana Marí­a de Klein, representante de Madres Angustiadas, mencionó que las acciones que está tomando el Gobierno son de alguna manera irresponsables, porque como ella menciona «nadie es superior a la Ley».

La forma en la que está procediendo en la entrega de expedientes incompletos crea una inestabilidad.

De Klein recalcó que solamente con esta presentación de los datos a la parlamentaria Montenegro, se confirmaron las sospechas acerca de la funcionabilidad del proyecto.

Mencionó que es de suma importancia la entrega de las boletas de pago que proporciona el programa de MiFaPro a los usuarios, para que se tenga validez y sobre todo transparencia.

También para Carmen Aí­da Ibarra, analista del Movimiento Pro Justicia, es indispensable que el Gobierno tome las medidas necesarias para que este proyecto -que según la analista no tiene un objetivo claro- serí­a beneficioso se trabajara con transparencia y que no se ocultara ningún dato.

Rubén Mejí­a, subjefe de la bancada Guatemala, manifestó que reconoce que el programa de Mi Familia Progresa el Gobierno lo está tomando como un patrimonio de carácter polí­tico.

En el cual considera que la ocultación de la información interfiere en sus intereses partidarios.

Puntualizó también que si este se trabaja con transparencia serí­a uno de los programas que más ayudarí­a a la población guatemalteca.

«Respaldamos lo que la Corte de Constitucionalidad diga», fueron las palabras del procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, al referirse a lo discutido en relación al programa mencionado.

Se debe rendir la información del programa de MiFaPro a las personas que la requieran, por lo que al Procurador le sorprendió que Argueta haya tomado la disposición de la reserva legal sobre los datos de Mi Familia Progresa.

Esto los obligó, según relata Morales, a la presentación de un recurso de revocatoria, pues consideran que el ocultamiento de la información que esté requiriendo la Corte de Constitucionalidad no se debe pasar por alto.

La ocultación de los datos le hace mucho daño a un programa que es y podrí­a ser muy beneficioso para la población de escasos recursos del paí­s. Esta poca transparencia crea que las personas piensen que se está ocultando algo.

A pesar que la Contralorí­a tiene mucha información del tema, para que se realice una fiscalización, el programa tiene como obligación presentar toda la documentación, señaló el Dr. Luis Leal, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Uno de los errores de MiFaPro, según Carlos Mencos, contralor general de la Nación, ha sido la falta de transparencia de las autoridades del programa.

Todo ciudadano guatemalteco tiene el derecho de ver los datos de los beneficiarios, pues como señaló Mencos, estos son fondos del Estado y de los contribuyentes de él.

Jorge Montenegro, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrí­colas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), comentó que el programa de MiFaPro facilita a los guatemaltecos que viven en la extrema pobreza a las atenciones médicas y educativas.

Pero los recursos que se están utilizando son del Estado y de los contribuyentes, es por ello que se debe garantizar una transparencia absoluta en el uso de los mismos.