Reabrirán el caso Bámaca Velásquez


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Por solicitud del Ministerio Público (MP) el caso Bámaca Velásquez versus el Estado de Guatemala, será reaperturado; no obstante, previo a esto, será conocida una recusación contra los magistrados de la Cámara Penal, que deberán ejecutar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida en este caso.

POR JODY GARCÍA
jgarcia@lahora.com.gt

El 25 de noviembre de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Guatemala por denegación de justicia, y ordenó investigar y localizar a los responsables de la desaparición forzada de Efraín Bámaca. Esto porque un juzgado dictó un sobreseimiento en el caso.

Posteriormente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconoció que debía autoejecutarse la orden de la CIDH. En el 2012, uno de los sindicados en el proceso presentó una impugnación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspendió la reapertura del caso.

Recientemente los magistrados titulares de dicha Cámara fueron recusados por Julio Alberto Soto Bilbao, encausado dentro de éste el proceso penal identificado como C-603-1996, del juzgado del departamento de Retalhuleu.

El fallo de la Corte Internacional aún no ha sido ejecutado, sin embargo, este lunes la Cámara Penal dio a conocer la integración de la instancia que conocerá la recusación en contra de los magistrados titulares.

Los togados que analizarán y resolverán la acción son Erick Alfonso Álvarez Mancilla, que fungirá como togado presidente; Luis Alberto Pineda Roca, Erwin Gabriel Gómez Méndez y José Arturo Sierra González, que actuarán como vocales.

Tras resolver la acción, los magistrados que queden a cargo del caso deberán acatar una orden emitida por la CC, que indica que previo a reaperturar el proceso penal, deben ser escuchadas las partes.

Según la información, no se realizará una audiencia para que los sujetos procesales expongan sus motivos, sino que deberán presentar sus argumentos por escrito.

LOS SINDICADOS

Este caso es independiente al proceso en el que estaba denunciado el presidente Otto Pérez Molina, donde en febrero pasado la CC rechazó un amparo solicitado contra la resolución del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, que el 5 de enero de 2012 resolvió desestimar la denuncia presentada por Jennifer Harbury.

En este proceso 13 personas figuran como sindicadas, entre ellas Julio Alberto Soto, Ulises Noé Anzueto Girón, Juan José Orozco Girón, Jacobo René Alfaro Loarca y Salvador Eduardo Rubio Parra.