La televisora privada RCTV, que reanudó por servicio de suscripción sus emisiones el pasado 16 de julio, podría quedar nuevamente fuera de las pantallas en Venezuela a la medianoche de este martes, al negarse a transmitir las cadenas que ordena el Estado.
RCTV, fundada en 1953, quedó por primera vez fuera del aire el pasado 28 de mayo, cuando se venció su concesión que el gobierno del presidente Hugo Chávez decidió no renovar.
Sin embargo, el canal regresó con su misma programación 50 días más tarde a través de la televisión por cable, gracias a una empresa que tiene en Miami (Estados Unidos) desde los años 80 y con la cual realizaba sus producciones internacionales.
Para sus nuevas emisiones, la televisora se presentó como RCTV Internacional y sus transmisiones alcanzan también las islas cercanas del Caribe Aruba, Curazao, Bonaire y Trinidad-Tobago.
La autoridad de telecomunicaciones (Conatel) dio a la televisora un plazo hasta la medianoche de este martes para registrarse como productora nacional, lo que la obliga a transmitir las cadenas de radio y TV para mensajes presidenciales.
Si no cumple esa condición, los operadores de cable deberán retirarla.
RCTV rechaza cumplir con los requisitos de las televisoras venezolanas, pues sostiene que no tiene sentido transmitir las cadenas presidenciales a los demás países donde emite.
El canal sostiene que su caso es equiparable al de la multiestatal Telesur, que tiene su sede en Caracas, desde donde realiza la mayor parte de sus producciones.
Conatel sostiene que, aun si ya no tiene la señal abierta, RCTV debe ser considerada como una televisora nacional, pues su programación se realiza en Venezuela y tiene como destino el público venezolano.
La decisión de sacar de la señal abierta de televisión a RCTV en mayo tuvo un rechazo de más de 70% de la población, según las encuestas, y generó una serie de movilizaciones, especialmente de universitarios, a favor de la libertad de expresión.
La medida también fue cuestionada en el exterior, en particular con declaraciones de los Senados de Chile y Brasil.