En esta serie de artículos estoy explicando las razones que me hacen negar el beneficio de la duda a un resultado positivo de la gestión presidencial Colom-Espada, basada en una sedicente política social demócrata e incluso, sustituyéndola por otra modalidad de socialismo democrático. En el artículo I di la razón teórico científica que fundamenta la imposibilidad, conforme la estructura económica, política y social actual del país, del establecimiento de la socialdemocracia en Guatemala.
En el artículo II, me referí al carácter personal del Presidente y Vicepresidente de la República, como impedimento al buen éxito de esa política u otra de matiz socialista y, además, a la heterogénea composición del gabinete ministerial en el cual apenas el ministro de Finanzas es un político de tendencia socialista moderada, el resto piensa y actúa como «demócrata neoliberal», circunstancia que erige obstáculo insuperable al auténtico funcionamiento de una gestión socialista, tanto más que el grueso de los integrantes del gabinete son políticos o autocalificados técnicos «apolíticos», dóciles funcionarios a los dictados de la gran potencia del norte, rival a muerte de cualquier intento eficaz hacia el socialismo de un Estado en desarrollo.
En este artículo abordaré los siguientes temas: Composición del Congreso de la República, Instituciones de Seguridad, como elementos obstaculizadores de la aplicación de cualquier tipo de socialismo en nuestra patria.
Composición del Congreso de la República Los diputados al Congreso fueron electos por los siguientes partidos políticos: Gana, FRG, PU, PP, CASA, PAN, todos de corte neoliberal, unos más que otros, pero todos antisocialistas; y por UNE, Encuentro por Guatemala y URNG-MAIZ, que sí podrían apoyar un proyecto socializante moderado.
Para implantar reformas de índole socialista, el gobierno de la UNE, necesita la aprobación de leyes que deroguen el cúmulo de disposiciones jurídicas neoliberales, pero ni con el apoyo de EG y de URNG-MAIZ, va a poder contrarrestar la oposición intolerante del resto de diputados y, aún en el remotísimo caso de lograr la aprobación de alguna ley propiciatoria a la socialdemocracia o a cualquier modalidad de socialismo democrático, seguramente que la Corte de Constitucionalidad resolvería con lugar cualquier acción de inconstitucionalidad presentada por alguna persona individual o jurídica, como el CACIF, contra dicha ley.
Es decir que el «estado de derecho» que la clase dominante seguirá proclamando es el actual: un sistema jurídico, una superestructura que les siga manteniendo su situación privilegiada y la opresiva y represiva de los guatemaltecos desposeídos, o sea la gran mayoría de la población. Y estemos claros, con el triunfo electoral de UNE, en nada se ha debilitado esa opresora e inhumana clase dominante, que habrá que abatir, si es que verdaderamente se quiere convivir en una sociedad socialista democrática. Lo cual es como pedirles peras al olmo a la mayoría de diputados actuales del Congreso de la República.
Instituciones de Seguridad Ellas son el Ejército y la Policía Nacional Civil. El Ejército, aunque la Constitución Política de la República estipula que es «esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante», en la realidad es todo lo contrario y, desde 1954 se ha convertido en uno de los poderes paralelos del Estado, al grado que todos los presidentes civiles que ha habido, desde ese año, son quienes obedecen, sin deliberación alguna, los ukases del alto mando militar. Alto mando, que sí obedece, sin resistencia alguna las órdenes del Pentágono y del Comando Sur del Ejército de las Barras y Las Estrellas; en 1954, para erradicar del país «el comunismo», pues para el Tío Sam, el gobierno democrático y popular de Jacobo Arbenz era peón del comunismo soviético y, ahora, debe impedir el «terrorismo islámico» y el retintín del supuesto peligro de la alianza dictatorial Fidel Castro y Hugo Chávez contra las democracias de la Organización de Estados Americanos.
Una PNC, cuyos cuerpos de servicio están vinculados con el crimen organizado jamás podrá sustentar un auténtico régimen socialista democrático. Y un Ejército que llegó a cometer delitos de lesa humanidad como el genocidio y el etnocidio, para evitar que la insurgencia armada -constituida por ciudadanos y ciudadanas civiles y militares – sustituyeran el estado de gobierno plutocrático por uno de rango socialista democrático, un Ejército que sigue igual en cuanto a su condición de poder paralelo, pero ahora más contaminado de corrupción y aún peor, no exento de connivencia de algunos de sus oficiales con el crimen organizado, tampoco acepta el socialismo.
Afirmo lo anterior, sintiéndome respaldado por las declaraciones del jurista español Carlos Castresana, responsable de la Dirección de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien recientemente declaró que el problema de la inseguridad en Guatemala «No es una cuestión legal, es una cuestión política: el cambio lo tienen que hacer los guatemaltecos», una recomendación diplomática muy valedera que significa que para ponerle fin a la impunidad, debemos suprimir el poder paralelo de las instituciones estatales para la seguridad y el orden y someterlas al ordenamiento constitucional.
El próximo y último artículo de la serie, lo dedicaré a la integración del partido oficial, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE).
OTRO SI – Muchas felicitaciones por su reciente triunfo médico científico, al joven galeno, Oscar Marroquín Pérez, a sus abuelos Lic. Oscar Marroquín Rojas, Dr. Carlos Pérez Avendaño, Sra. Lila de Pérez, a sus padres Lic. Oscar Marroquín Godoy, Señora María Mercedes Pérez de Marroquín y familia.