Los sectores social y empresarial sugirieron, en más de 30 ponencias, diversas enmiendas a la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio (LED), pero respaldan la aprobación de la normativa para despojar al crimen organizado y narcotráfico de sus bienes y así­, fortalecer al Estado y su lucha contra las mafias.

La comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso decidió que el próximo miércoles se debe entregar el análisis de las ponencias, de «las cuales, algunas son de forma y otras de fondo», según el impulsor de la iniciativa, el diputado Mariano Rayo.

Tras el análisis de las sugerencias y las posibles enmiendas que de ahí­ surjan, la ví­a está libre para la aprobación de la LED, pues el proyecto ya superó la tercera lectura en el pleno del Congreso y sólo falta la aprobación por artí­culos y redacción final.

Rayo indicó que fue satisfactoria la calidad de las ponencias en la última jornada de audiencias públicas, en las que el sector empresarial se pronunció a través de representantes, y así­ lograron dejar claro ante la opinión pública que no «estaban en contra de la ley de extinción de dominio».

«No se puede hablar de cuántas enmiendas se podrí­an agregar al proyecto de ley, pero de las cuatro ponencias del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), tres son pertinentes, principalmente la referente a contemplar las garantí­as constitucionales», explicó el legislador.

RUTA DESPEJADA

Como ponente de la LED, Rayo continúa optimista luego de escuchar decenas de sugerencias, porque diputados de distintas bancadas han ofrecido mantener el respaldo a la aprobación de la iniciativa.

Extraoficialmente se supo ayer que podrí­a despejarse definitivamente la ruta para la aprobación en el Congreso, ante la eventual decisión de un grupo parlamentario de oposición a retirar las interpelaciones programadas, que han mantenido bloqueados los espacios en el pleno y detenida la aprobación final.

«Se podrí­a calificar de valiente la actitud de los diputados, si decidieran ceder esos espacios escasos, porque así­ se podrí­a liberar la duda que existe y crear en ellos una opinión pública favorable de buena voluntad para hacer realidad la ley de extinción de dominio», refiere el legislador Rayo.

SUGIEREN REVISIí“N

Ana Ponce, representante de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), refiere que de ser aprobada, esperarí­a que la LED «tenga aplicación inmediata, efectiva, y que realmente se le extinga el dominio a todas aquellas personas que han obtenido producto de ganancias de actividades ilí­citas».

Otra opinión del sector empresarial es que los diputados deben asegurarse de que la iniciativa cuente con las enmiendas que promuevan medidas suficientemente coercitivas, «sin correr el riesgo que grupos ilí­citos entren a la escena y aprovechen eventuales inconstitucionalidades o debilidades jurí­dicas para escapar a la acción del Estado».

Entre las propuestas, además de las enmiendas, piden la integración de un grupo de trabajo interinstitucional para revisar disposiciones legales vigentes y que contienen ya figuras tipificadas en la LED.

Estuardo Ralón, de Cámara del Agro, asegura que esa organización respeta y apoya el ordenamiento jurí­dico del paí­s, pero condena la falta de una correcta aplicación y cumplimiento de la ley, así­ como la falta de acción de las autoridades en la persecución del delito.

Agregó que sin embargo, es necesario garantizar también los derechos constitucionales a todos los demás ciudadanos guatemaltecos honrados. «En esencia, la postura de Cámara del Agro, es sugerir modificaciones al proyecto de ley para que esté en lí­nea con lo constitucional», considera.