Los padres de la menor Alba Michelle España Dí­az de 8 años, cuyo cadáver fue localizado en un barranco de la aldea El Brasiliar, municipio de Camotán, Chiquimula, con señales de haberle extraí­do algunos órganos, acudieron esta mañana al Congreso de la República con el fin de hacer saber que temen por sus vidas luego de denunciar el caso.

Ante esta situación los diputados Manuel Baldizón, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Baudilio Hichos López, de Unidad del Cambio Nacionalista (UCN), se unieron para exigir de las autoridades de Gobernación la inmediata investigación del caso y captura de los responsables.

Durante una conferencia de prensa los congresistas presentaron, con los rostros cubiertos, a los padres de la ví­ctima, así­ como a quienes encontraron el cadáver, narrando cómo lo descubrieron.

«Hoy no tenemos seguridad en el pueblo, ahora mi pueblo se convirtió en un pueblo sin paz, sin ley, porque ni la Policí­a está allí­, todos se fueron y se hicieron de la vista gorda; espero que el Ministerio Público tenga fotografí­as de la niña y que puedan colaborar en la investigación», expresó uno de los testigos.

A criterio de los testigos la niña tení­a señales de haber sido ví­ctima de una cirugí­a mediante la cual le fueron extraí­dos sus órganos, sostuvo uno de los testigos que encontró el cadáver, descartando que estos le hayan sido devorados por aves de rapiña, como lo sostiene la ministra de Gobernación, Adela Camacho de Torrebiarte.

El director general de la Policí­a Nacional Civil (PNC), Julio Roberto Hernández Chávez, dijo que antes de la denuncia realizada por el diputado Baldizón, desconocí­a la existencia de bandas del crimen organizado que se dedican a la extracción de órganos, pero que ya iniciaron la investigación respectiva.

En el municipio de Camotán, Chiquimula, se trata la manera de reestablecer la seguridad, ya que luego de los acontecimientos registrados a partir del hallazgo del cadáver de la menor, los agentes fueron agredidos por una turba de enardecidos vecinos, por lo que fue necesario retirarlos del lugar, expresó el director policí­aco.

Los diputados fijaron un plazo de 24 horas a las autoridades de Gobernación para que les brinden un informe detallado en torno a los hechos registrados.

De lo contrario los funcionarios de Gobernación y del Ministerio Público serán citados al pleno del Congreso para ser interpelados por estos hechos, pues no es justo que bandas del crimen organizado cometan estos deleznables crí­menes y que las autoridades traten de ocultarlos, pues irónicamente el inmueble donde funciona la subestación de la PNC de Camotán fue donado por el abuelo de la ví­ctima y los elementos no han realizado su trabajo, concluyó el diputado Hichos López.