La Corte Nacional Electoral (CNE) boliviana ratificó ayer el referendo revocatorio de autoridades para el 10 de agosto, anunció que será necesario el 50% más uno de los votos para las eventuales remociones y comenzó a dejar expedito el camino para la consulta.
El presidente de la CNE, José Luis Exeni, señaló que se reafirmó la decisión de «proseguir con la administración del referendo, convocado por ley para el 10 de agosto», cuando el presidente, su vicepresidente y ocho prefectos pondrán sus cargos en juego.
Al concluir una reunión en La Paz con los presidentes de siete cortes electorales distritales, Exeni dijo que se determinó que la revocatoria procederá para esas autoridades si los votos en contra que pudieran recibir superaran el 50% más uno del total de votos válidos, un principio que no existía en la ley propuesta por el presidente Evo Morales.
Este principio -explicó- permite establecer criterios únicos para la consulta, debido a que la ley de convocatoria, propuesta por el gobernante y avalada por el Congreso, fijaba parámetros en base a la última elección de diciembre de 2005.
En ese plebiscito, Morales se situó en el 53,7% de los votos y los prefectos, principalmente los opositores, se ubicaron entre el 38% y 48% de los sufragios, lo que abría el temor de que las reglas de juego eran más favorables para el gobernante y perjudiciales para las autoridades rebeldes.
«Por todas las consideraciones que hacemos, hay la necesidad de dar certidumbre a la ciudadanía y la necesidad de establecer criterios y parámetros universales, en relación a los porcentajes de voto», afirmó Exeni, quien también dijo que la CNE rechazó una segunda resolución del Tribunal Constitucional que ordenaba parar la consulta.
Exeni, presidente del máximo tribunal de justicia, dijo que la decisión asumida es respaldada por las cortes de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando y llamó a la de Oruro y Santa Cruz a sumarse a respaldar la propuesta.
Consultado el responsable de la CNE si la posición asumida implica una extralimitación al interpretar una ley, tarea que sólo es atribución del Congreso, respondió que se está «estableciendo un criterio técnico de aplicación».
En su criterio, «que no se entienda que ni estamos interpretando ni modificando el contenido de la ley, (asumimos) un criterio técnico de la ley en la que tenemos plena competencia».
La CNE también excluyó del plebiscito a la prefecta de Chuquisaca, la quechua Savina Cuéllar, debido a que fue elegida para el cargo en el mes de junio.
La realización de la consulta era fuertemente cuestionada por cinco cortes de regiones opositoras que manifestaron sus dudas por los criterios ambiguos que establecía la ley, en cuanto a interpretación de resultados para la remoción o ratificatoria del presidente, su vicepresidente y los ochos prefectos.
El prefecto opositor de Cochabamba (centro), Manfred Reyes Villa, y el partido de centroderecha Unidad Nacional (UN), aún cuestionan el referendo, con demandas en instancias electorales y judiciales, con el argumento de que esta figura electoral no existe en la Constitución.
El gobierno -que aún no emitió una posición sobre el fallo último de la CNE- impulsa el plebiscito, con la confianza de que será favorable al presidente y el vicepresidente y adverso para seis prefectos de la oposición, a quienes acusa de bloquear su política nacionalista.
El oficialismo considera que los bolivianos podrán dirimir en las urnas entre su programa gubernamental y el de la oposición de tinte liberal.
Los prefectos opositores de Cochabamba y La Paz y el partido de derecha Podemos cuestionaron hoy que la Corte Nacional Electoral (CNE) interprete leyes, que sólo es atribución congresal, para viabilizar el referendo revocatorio de autoridades del próximo 10 de agosto.
Los prefectos Manfred Reyes Villa (Cochabamba) y José Luis Paredes (La Paz) y el senador de Podemos, Fernando Rodríguez, rechazaron por separado que la CNE haya subido los porcentajes de remoción de autoridades a más del 50% de los votos, cuando la ley sólo hace referencia al número de boletas obtenidas en la última elección nacional de diciembre de 2005, que fue entre 38% y 48%.
«La Corte Electoral está jugando», dijo Reyes Villa, mientras que su colega Paredes de La Paz afirmó que «sólo se ha hecho una sugerencia que debe ser aprobada por el Congreso».
«Estamos frente a una corte celestial que modifica leyes del Congreso y que además interpreta fallos del Tribunal Constitucional (que instruyó a la CNE suspender el plebiscito)», afirmó por su lado el senador Rodríguez de Podemos, principal fuerza de oposición.