Una orden de captura pesa contra Adilio Juárez, abogado defensor de Manuel de Jesús Castillo Medrano, prófugo de la justicia e implicado en la muerte de tres diputados salvadoreños al Parlacen.
lahora@lahora.com.gt
El Juzgado Segundo de Ejecución remitió a la Policía Nacional Civil (PNC) la orden de captura contra Juárez, con fecha 11 de julio de 2007.
Wilfrido Porras envió a Isabel Agustín Mendoza, director de la PNC, un documento en el que solicita: «sirva girar sus órdenes a donde corresponda, para que se proceda a la inmediata aprehensión de Eduardo Adilio Juárez».
El expediente refiere que el jurista fue condenado por el delito de falsedad material en forma continuada; y ordena «ponerlo en disposición inmediata de este juzgado en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón».
Sin ejecutar
A la fecha, la PNC no ha ejecutado la orden de aprehensión dictada por la citada judicatura. Se intentó obtener esa información con Mendoza, director general, y Henry López, director adjunto de la institución, pero no fue posible establecerlo.
Sergio García, portavoz de la PNC, dijo desconocer esa información, pero declaró que al momento de ser remitida una notificación de orden de captura a esa entidad, esta es «manejada por personal específico para evitar fuga de información», indicó.
«Si la orden ya llegó a la PNC, es seguro que ya se delegó esa responsabilidad al personal a cargo para atenderla», reiteró el vocero.
Caso
En 2004, Juárez fue condenado a ocho años de prisión por el delito de falsedad material en forma continuada, ya que nueve años atrás autenticó varias firmas de un supuesto desestimiento suscrito por miembros del sindicato de una embotelladora ubicada en Puerto Barrios, Izabal.
En el documento, los trabajadores «desistían» de la demanda iniciada en la que cobrarían Q 3 millones a los propietarios de la empresa, por concepto de prestaciones, sin embargo, se determinó que ningún sindicalista firmó el desistimiento y que uno de los presuntos firmantes había fallecido.
Juárez interpuso un recurso de amparo, el 20 de junio de 2008, el cual fue declarado sin lugar por la Corte de Constitucionalidad, lo que dejó en firme la orden de aprehensión.
El litigante ejerció la defensa de Manuel de Jesús Castillo Medrano, ex diputado independiente y alcalde electo por Jutiapa, y contra quien pesa una orden de captura por su presunta vinculación con el asesinato de tres diputados salvadoreños y su piloto, ocurrido el 19 de febrero de 2007 en el país.