Un guatemalteco residente en Estados Unidos llamó a John Aguero, un agente inmobiliario de Phoenix, y le preguntó «Â¿Cuánto tiempo tarda en vender mi casa?», a lo que le respondió que al menos cuatro meses. El chapí­n, con cierto tono de decepción, le cuestionó sobre cuánto debí­a desenbolsar por el trámite, y el vendedor le dijo que unos mil 600 dólares. El interesado dijo: «Bueno, mejor me ahorro todo eso y sencillamente me vuelvo a Guatemala»; y es que luego de la Ley de Inmigración dictada en Arizona, muchos inmigrantes indocumentados han decidido huir, tal y como sucede con este guatemalteco. Agí¼ero dice que de cada cien latinos que llaman para vender rápidamente su casa, quince deciden dejarla así­ no más, pues no tienen tiempo para realizar los trámites. Así­ como este caso, varios latinos, incluidos guatemaltecos, tienen problemas por ello.

Un mes después de que Arizona dictara una ley que castiga a las empresas que contraten a inmigrantes ilegales, los trabajadores latinoamericanos abandonan masivamente este Estado, a medida que los empleadores se deshacen de ellos, dijeron funcionarios y activistas.

Arizona saltó a la primera plana del debate estadounidense sobre inmigración, al avanzar en terreno virgen el 1 de enero con una nueva ley que amenaza con hacer quebrar a las empresas que contraten a sabiendas trabajadores indocumentados.

Los efectos de la ley fueron inmediatos, según empresarios, trabajadores y activistas de los derechos civiles consultados: las empresas comenzaron a subir los sueldos para atraer mano de obra legal.

Si bien la semana pasada un juez federal decidió que no habrá demandas en función de esta ley hasta marzo, también se disparó un fenómeno bautizado «pánico hispano» («hispanic panic»)

«Hay mucho miedo, y mucha gente se está yendo», dijo Salvador Reza, activista pro derechos de los inmigrantes que dirige un centro de empleo en Phoenix.

«El miedo no está solamente a nivel de los trabajadores, también ocurre a nivel del empleador. Nunca habí­a visto algo así­», dijo.

Los trabajadores se vuelven a México o a otros paí­ses, contó.

Reza afirma que la situación hace que pequeñas empresas obligadas a despedir a empleados calificados -como por ejemplo soldadores- ahora tengan que pagarles en efectivo, en el marco de una economí­a en negro.

«Ahora va a predominar la economí­a subterránea, y va a haber menos dinero para el estado», dijo.

Ironco, una empresa que construye estructuras en acero, tuvo que despedir a 10 personas.

«Tuvimos que hacer que se fueran», dijo su presidente, Sheridan Bailey. «Lamentablemente, algunos de ellos eran nuestros mejores trabajadores. Es terriblemente trágico», afirmó.

Ironco -especializada en edificios hechos de acero- dijo que dos de cada tres hombres que se presentan a trabajar allí­ son inmigrantes latinos o hijos de éstos.

La empresa tuvo que subir los sueldos que paga 30% respecto a hace un año, dijo Bailey.

«Subimos los sueldos para competir por una oferta cada vez menor» de mano de obra, explicó.

«Hicimos campañas de aumento de productividad, entrenamos gente, tuvimos que explorar, por decirlo de algún modo, buscando veteranos de guerra estadounidenses, ex presidiarios que quieran volver a insertarse en la sociedad», contó.

Un capataz de una empresa de jardinerí­a de Phoenix se fue del estado porque su mujer es trabajadora ilegal y tení­a pavor de que la deportaran.

«Escuché que se van a lugares como Utah, Texas o New Mexico porque allí­ no hay leyes como esta», dijo el dueño de la empresa, Rick Robinson.

David Jones, presidente de la Asociación de Empleadores de Arizona, dijo que conoce a tres empresas del rubro de la construcción que despidieron 30, 40 y 70 empleados respectivamente desde el 1 de enero.

«No pueden correr el riesgo de perder su licencia», explicó.

«No nos gusta» la inmigración ilegal, «pero no creo que esta sea la forma de abordar el problema. Este paí­s va a estar en problemas si no lanza un programa para trabajadores extranjeros temporarios», afirmó.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Phoenix, Todd Sanders, dijo que las empresas tienen miedo a ser demandadas y a las denuncias anónimas de sus competidores.

El instituto Royal Palms Middle School está en un barrio donde viven hispanos e inmigrantes en general. Tres o cuatro de sus alumnos ya dejaron oficialmente las clases desde el 1 de enero, mientras que entre 6 y 8 hace más de una semana que no vienen.

«Hay un nexo entre lo que está pasando y la asistencia» a la escuela, dijo su director, Lenny Hoover.