Es imperdonable la ligereza del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al ofrecer su colaboración con el proceso electoral ilegítimo que impulsan los golpistas en Honduras. Corresponde realizar una disculpa pública ante los pueblos de Honduras y de Guatemala, a menos que el mensaje sea que el TSE favorece los golpes de Estado.
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Lo anterior demuestra que Guatemala sigue siendo un estado esquizofrénico. El Poder Ejecutivo condena el golpe de Estado en Honduras, aunque no hace mucho para revertirlo, mientras que el TSE corre a ese país para ofrecerse como ente legitimador. Peor ocurre con la justicia: mientras que casi el 98% de los crímenes, incluidos los asesinatos, quedan en total impunidad, se abusa de la llamada «justicia» para condenar, injustamente, a Ramiro Choc (recomiendo escuchar su entrevista del 27 de agosto en http://chiapas.indymedia.org/article_168022). Los verdaderos criminales, que son quienes lo secuestraron y estuvieron a punto de ejecutarlo, junto con los autores intelectuales y materiales de la injusticia, deambulan libremente cometiendo más crímenes, mientras que Ramiro Choc y otros líderes indígenas se convierten en verdaderos presos de conciencia, penalizados por ser dirigentes de la población marginada y empobrecida.
El propio Presidente cae en esta esquizofrenia. Por un lado, se postula como defensor de los pueblos indígenas; por otro, permite que la Ley se manosee para castigar a los líderes indígenas que exigen el respeto a sus derechos. La visión «criolla» sigue imperando: hay que ser «caritativos» otorgando dádivas del Estado; pero no hay que tolerar que los indígenas exijan sus derechos. No se tolera «justicia social», porque da más réditos políticos el paternalismo y el clientelismo. El caso de Ramiro Choc es de discriminación múltiple: se le castiga por ser indígena y por defender sus derechos. Pese al Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas correspondiente, los indígenas serán aceptados por el Estado y las élites solamente en tanto sean «sumisos».
Muchos dirigentes y organizaciones indígenas caen en esta trampa y se abstienen de luchar contra injusticias vergonzosas como la de Ramiro Choc y otros dirigentes. También pecan de inacción diversas instituciones y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Urgen actuaciones más firmes de la PDH y COPREDEH para combatir la discriminación contra el pueblo maya. De hecho, resulta contradictorio que la lucha contra esta injusticia provenga del Comité solidaridad Guatemala-Uruguay y otros actores en el exterior, cuando ha sido Guatemala el terreno en donde por muchos años se han forjado luchadores de los derechos humanos. Cambio así el refrán: «La justicia -no la caridad- comienza por casa».
Por ser un caso internacional, que la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) ha asumido como propio, las repercusiones para el Estado de Guatemala y su Presidente pueden llegar a ser, innecesariamente, muy negativas. La acción propia del gobierno sería la liberación inmediata de Ramiro Choc y los otros prisioneros de conciencia. Es tiempo de responderle al pueblo y no solamente a la oligarquía. «La Patria del Criollo» debe llegar a su fin.