El gobierno de Mariano Rajoy rechazó hoy indultar a varios condenados conocidos, entre ellos el exjuez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón y el militante de su propio partido Ángel Carromero, que cumple en Madrid la pena que le impuso Cuba por el accidente en el que murió Oswaldo Payá.
Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo en 2011 a 11 años de inhabilitación por haber prevaricado al ordenar unas escuchas en el marco del «caso Gürtel», la trama de corrupción que salpica desde hace más años al Partido Popular (PP) de Rajoy. La condena supuso su expulsión de la carrera judicial.
«Un indulto de este gobierno me denigraría. Nunca lo hubiese aceptado. Sería un insulto y además, una contradicción, porque yo no he cometido ningún delito», dijo el magistrado al diario «El País» tras conocer la decisión. El indulto no lo pidió él, sino una asociación que reúne a jueces y fiscales de la Unión Europea (UE).
Carromero, por su parte, fue condenado en 2012 en Cuba a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente. Alto cargo de las juventudes del PP en Madrid, conducía en la isla el automóvil en el que murieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de tráfico.
Fue repatriado a España y cumple la condena en su país en régimen abierto, vigilado a través de una pulsera telemática.
El Ejecutivo español rechazó además indultar al torero José Ortega Cano, viudo de la tonadillera Rocío Jurado, condenado a dos años y medio de cárcel por un accidente de tráfico que provocó cuando conducía ebrio y que costó la vida a otro conductor.
Tampoco indultó al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, ex novio de la conocida cantante Isabel Pantoja y condenado por corrupción en varios casos.
Para la prensa española resultó especialmente llamativa la negativa del Ejecutivo a indultar al ex ministro Jaume Matas, que compartió gabinete con el propio Rajoy cuando el presidente del gobierno era José María Aznar.
Matas tiene que purgar nueve meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias cometido cuando era jefe del gobierno regional de las Islas Baleares.
La ley española permite que los condenados a menos de dos años eludan la cárcel, pero la Justicia determinó en su día que Matas debía entrar en prisión, y así lo hará tras la negativa del indulto.