El perfil de la llamada derecha ortodoxa ha sido definido por los «anti»: anticomunismo, antisindicalismo y, en particular, por el antiestatismo. Los derechistas consumados pretenden reducir las funciones del Estado a su mínima expresión, amparándose en las denuncias de «corrupción» y la «ineficiencia» en las empresas públicas frente al sentido de «responsabilidad» y «cumplimiento» de los empresarios privados. La tónica ha sido la exageración, tanto para la fabricación de la incertidumbre artificial en el Estado como en la magnificación del «heroísmo» de los particulares.
La paradoja es que los grandes negocios de los empresarios privados siempre han contado con el sostén histórico del Estado. Al principio se heredó la tendencia de la corona española de controlar la actividad productiva «para su mayor gloria». Esa práctica se conoce como mercantilismo. Desde la época colonial hasta ahora, el gobierno se convirtió en el protector económico supremo. Las actividades comerciales y productivas han dependido de licencias especiales, concesiones de monopolio y privilegios comerciales.
En Guatemala, la prologada predisposición al mercantilismo se mezcló con la lucha de los gobiernos democrático-burgueses del decenio 1944-1954, para emplear el Estado como instrumento de redistribución de la riqueza. Lo ahora concebido de manera nebulosa como izquierda y derecha, convergen en la intervención estatal en los asuntos económicos. La primera ha sido obligada a permanecer en el confín teórico. La segunda dice abominar, en nombre del ideario liberal, la injerencia gubernamental mientras no pone mientes en cobijarse bajo su alero.
En nuestro país no existe la economía de mercado. El régimen imperante es el mercantilismo, o sea, el de un Estado burocratizado y pletórico de leyes «que antepone el principio de la redistribución al de la producción de la riqueza», entendida la «redistribución» como «la concesión de privilegios y monopolios a pequeñas élites privadas que dependen de él y de las que también es dependiente». Los híbridos resultantes son los Estados-gobierno a la par de los empresarios-legales.
Al legislar en favor de pequeños grupos de presión, el gobierno como expresión del Estado ha actuado contra los intereses de la mayoría de la población, manteniéndose ese sistema al conceder «siempre a una pequeña minoría, no sólo la riqueza sino el derecho a la riqueza». La clase empresarial, en lugar de propiciar la libre competencia e incentivar la creatividad, se acomodó al mercantilismo. Sus mejores esfuerzos se han dirigido a conservarse en el estado de gracia de los favores oficiales y concebir «la actividad industrial como una sinecura o una renta en vez de un esfuerzo encaminado a la creación de la riqueza».
Los monopolios de toda índole, las transnacionales y otras fuerzas «fuera de control» escarnecen cotidianamente la economía de mercado y la libre competencia. Según la derecha, merecen ser depositarios de la confianza de toda la sociedad, con prescindencia de la solidaridad social frente al desempleo masivo, los abusos y el déficit de una democracia inmadura.