A un mes del Día Internacional de los Pueblos Indígenas las poblaciones originarias guatemaltecas tienen poco que celebrar, pues el grupo constituye el 58% de los pobres y el 72% de las personas en pobreza extrema, según Encovi 2011.

Los efectos del racismo y la discriminación se han expresado de diversas formas y espacios de la sociedad guatemalteca a través del tiempo, creando severas condiciones de desigualdad y exclusión.

Según Naciones Unidas, las poblaciones indígenas en el mundo subsisten en un estado de “injusticia perpetua”, pues indican que los pueblos originarios siguen siendo los más numerosos entre los pobres, los analfabetos y los desempleados y que pese a que forman aproximadamente el 5% de la población mundial –370  millones–, constituyen el 15% de los pobres del mundo.

También representan la tercera parte de los 900 millones de indigentes de las zonas rurales.

El antropólogo Deyvid Molina, señala que en Guatemala el principal discriminador es “el criollo” y el ente vulnerable es el indígena, pero destaca que esto no se da en todos los ámbitos, porque también existe discriminación entre los pueblos indígenas, cuando no participan en la construcción del Estado.

“A niveles macro, son los llamados ladinos los que discriminan. El ejemplo más significativo es llamarles «indios» o «marías» a las mujeres que venden en los mercados, incluso, por usar un traje típico. Y la discriminación entre indígenas ocurre cuando entre ellos se llaman «indios» o se distinguen superiores por ser de una aldea o una cabecera o municipio”, expone Molina.

Para el antropólogo, los estereotipos tienen cabida en este tema, pues son el mecanismo más utilizado para discriminar, porque el sentido de la discriminación es la humillación. “En Guatemala, el que no habla castellano es el indio. A la mujer que está fuera de los parámetros se le tilda de otra cosa. El hombre que no tiene actitudes consideradas normales es homosexual. En fin, se usan muchos estereotipos y no digamos hacia los pueblos indígenas”.

Asimismo, Molina subraya que en la discriminación tiene que ver mucho el factor económico, ya que generalmente se discrimina al pobre, que históricamente ha sido el pueblo indígena, porque es relegado o marginado, y salvo en algunas excepciones, la mayoría de la población indígena vive en pobreza extrema y el factor económico es otro indicador de discriminación a gran escala.

“Alguien con menores oportunidades educativas no se espera que tenga una mejor expectativa de vida, por lo tanto la educación debería ser un tema prioritario en las políticas de Gobierno enfocadas a los pueblos indígenas. En cuanto a acceso a salud, se sabe que hay comunidades en un completo aislamiento. Esto refleja cómo el Estado se ha olvidado de estas poblaciones”, afirma el investigador.

Deyvid Molina agrega que el problema es que muchas de las políticas de gobierno están pensadas por la gente de poder, y nulamente se consulta a los pueblos indígenas para que estas soluciones respondan a sus necesidades, a sus cosmovisiones y por eso después se originan las protestas, porque no se toma en serio lo que ellos desean sino siempre se les impone algo.

“Por ejemplo, se pretende que todos hablen o escriban castellano, cuando hay que respetar también la identidad y diversidad lingüística del país. Es por eso que los proyectos de desarrollo no han prosperado”.

ENRAIZADOS EN EL ESTADO

Por su parte, el coordinador del Observatorio Indígena (OI), Mario Itzep, dice que el racismo y la discriminación son parte de la estructura del Estado.

Itzep indica que en el ámbito social, las consultas comunitarias no son reconocidas porque el Ejecutivo “gobierna” para la élite económica y que esto contribuye a que el racismo se agrave en el país.

Para el analista, la mayoría de guatemaltecos ven al indígena como su mozo o su escalera, porque si se les da oportunidades a los indígenas persiste el miedo de que tome el poder. “Ese es el miedo de un Estado ladino hacia un Estado Maya”, expresa. 

El coordinador de OI sugiere que el sector empresarial debe entender que el manipular y marginar los derechos de los pueblos indígenas no llevará al desarrollo de Guatemala.

Explica que los indígenas no se oponen al desarrollo sino a la forma como el empresario implementa sus políticas “neoliberales”, sobre todo en la explotación de los recursos naturales. “Necesitamos discutir con los empresarios el modelo de sistema económico que necesita nuestro país, con igualdad de condiciones tanto en el ámbito político, económico y de justicia”.

Según el dirigente, el Estado de Guatemala es ya obsoleto y altamente discriminador, y por lo tanto no refleja las necesidades de las poblaciones dueñas de los territorios.

“Creo que el racismo es el peor enemigo que tenemos; incluso más que la pobreza y enfermedades, ya que es una actitud que al final busca la eliminación de un pueblo.
Nuestra visión es cambiar Guatemala y se logrará refundando el Estado. Yo lo planteo así: el Estado actual que tenemos no está funcionado, porque hay corrupción y el modelo económico neoliberal ha fallado. El cambio a futuro pasa por dos variables: reformas ordinarias y reformas constitucionales para transformar este país hacia una sociedad integradora, que debe ser de un estado plurinacional”, avizora Itzep.

LEGISLACIÓN VERSUS APLICACIÓN

Actualmente existe cierta focalización sobre el Estado de Guatemala como el causante de esta situación de discriminación. Es cierto que las estadísticas públicas y la incorporación de las opiniones encontradas comprueban un hecho, ya por sí mismo palpable: es el Estado quien ejerce un trato desigual en el acceso a los servicios públicos sobre la población indígena y no existe un equilibro en las oportunidades que éste le brinda al conjunto de sus ciudadanos, siendo muy notable la diferencia entre ambas poblaciones y especialmente entre aquellas en donde se une la triple realidad de ser mujeres, rurales e indígenas.

En este tema, Rudy Camposeco, titular de la Comisión Presidencial contra la Discriminación, enfatiza que, en principio, está demostrado que los Estados son los principales reproductores de la discriminación y el racismo, y esto tiene que ver con el racismo institucional.

Los Estados se hallan estructurados de tal manera que los servicios que prestan no están dirigidos de manera igualitaria y equilibrada para todos los sectores de la población. Sin embargo, en este marco ideológico del racismo se ha gestado también la discriminación a nivel institucional por los servicios en los que son excluidos los pueblos indígenas.

“Los pueblos indígenas son producto de esa ideología que existe y han sido víctimas de racismo político también. Hoy más que nunca, los pueblos, en el marco no solo de los Acuerdos de Paz sino de la Constitución misma, tenemos respaldo de exigir que los Estados cumplan. Hay avances, pero se diluyen de manera rápida porque las grandes desigualdades han permitido que los pueblos indígenas sigan en esa posición de desventaja”, declara Camposeco.

El funcionario aduce estar conscientes de la situación y que como entidades indígenas del Ejecutivo hacen una serie de propuestas, pues existe toda una legislación que está pendiente en el Legislativo, por lo cual pide a los legisladores que atiendan la agenda de los pueblos indígenas, lo cual vendría a  regular las situaciones que generan más conflictividad.

“A lo que nosotros le apostamos es a un escenario de gobernabilidad y no lo podemos hacer en tanto que esos temas que generan conflicto no estén regulados, porque algunos abogados hablan de lo no vinculante que resultan ser las consultas que se hacen a nivel de las comunidades, y justamente nosotros queremos que se le dé ese estatus de seriedad a las consultas que se hacen. Y para ello estamos pidiendo que se apruebe la iniciativa de Ley de Consultas, en el marco de lo que establece el artículo 6 del Convenio 169”, opina.

Por su lado, Byron Barrera, director ejecutivo del Consejo Nacional para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, argumenta que los Acuerdos de Paz tienen un mayor incumplimiento para los pueblos indígenas en los acuerdos económicos y situación agraria.

Los Acuerdos de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas contemplan alrededor de 120 compromisos de Estado, pero de esos apenas se ha cumplido un 15 por ciento.

Barrera agrega: “No es tan sencillo promover estas acciones porque son problemas estructurales de la sociedad guatemalteca y son difíciles de solucionar si no hay reformas más profundas en el Estado y en la economía del país. Este es un tema de país. La agenda del Gobierno es clientelar y no es sustantiva para solucionar los problemas estructurales y donde el país tiene más rezago”.

LOS COSTOS

En términos generales, la desigualdad de condiciones y la posterior discriminación se da en varios ámbitos de la sociedad guatemalteca. En el caso específico del acceso a empleo, la discriminación se debe a razones económicas, porque en las poblaciones indígenas predomina la subsistencia, el desempleo o subempleo y los bajos niveles de salario.

Analistas podrían afirmar que si dos personas tienen potencialmente las mismas capacidades personales y las mismas condiciones en su entorno laboral, la diferencia en los ingresos sistemáticamente correspondería al indígena, lo cual es considerado como discriminación.

Cuando el ingreso efectivamente recibido es inferior a la canasta básica alimentaria, la reducción del ingreso por efecto de la discriminación tiene un impacto amplificado en la salud, educación y vivienda, lo cual conlleva al rompimiento del tejido social en las comunidades, a que la pobreza se convierta en un círculo vicioso que genera desnutrición, bajos niveles de escolaridad, mala salud y detrimento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas.

Para Deyvid Molina el impacto que esta situación genera es el atraso de las comunidades, traducido en poco o nulo desarrollo porque se imponen las condiciones que el ladino ha arraigado, además del racismo desde las élites de poder. “Las políticas de discriminación y racismo también afectan grandemente el nivel económico de esta comunidad específica”.

Según el investigador, otro de los efectos es que muchas personas ya no hablan el idioma materno o ya no visten sus trajes típicos porque son discriminadas y prefieren adoptar otros patrones de cultura para sentirse parte de un grupo. “Es un mecanismo de sobrevivencia y contribuye a la pérdida de identidad étnica y valores, sobre todo en los adolescentes, porque propicia también la transculturización”, asevera.

Asimismo, la antropóloga Olga Pérez opina que lo que existe en el Estado es la representatividad de los intereses oligárquicos, lo cual en la sociedad ha ido configurando una forma de producción y apropiación del territorio que ha dado como resultado una forma política de Estado oligárquico que en todo momento ha afectado el desarrollo de los pueblos indígenas

“El régimen productivo y económico en el país se basa en mantener esta serie de desigualdades para poder reproducirse y ha sido el modelo sustancial guatemalteco. No se trata de que exista una intencionalidad de dejar excluidos a los pueblos indígenas, sino hay toda una política que tiene que ver con dotar de mano de obra al régimen y que eso hace que se reproduzcan las formas del capitalismo y de economía guatemalteca en este Estado finquero”, afirma Pérez.

CONDICIONES DE PAÍS

Entre las propuestas del antropólogo Molina está generar cambios desde el hogar, donde se fomente la diversidad de los 25 grupos étnicos que convergen en un país pequeño como el nuestro, y que en lugar de hacernos pobres, debería ser una fortaleza. Además, señala que el sistema educativo debe propiciar los valores de estas comunidades culturales. Asimismo, las políticas públicas deben repercutir en un Gobierno que piense en todos y que los esfuerzos deben ser medidas para frenar la discriminación, no solo propuestas o diagnósticos. El país necesita campañas de valorización hacia lo nuestro y para hacer ver que nuestras diferencias no nos separan, y no únicamente con un sentido folclorista.

Para Mario Itzep, es urgente que exista una ley contra el racismo, porque se hace necesario tipificar el racismo como un delito en el Código Civil y Penal para disminuir este flagelo. “El Estado de Guatemala se debería declarar como un Estado Racista. El racismo es una actitud que se propaga en la mayoría de los guatemaltecos”.

Según datos del Ministerio Público hasta junio del presente año, las denuncias recibidas por el delito de discriminación a nivel nacional contabilizan 132 casos.

Sin embargo, se estima que hay más de 400 casos de racismo y discriminación en los tribunales de justicia, pero que ninguno de ellos ha sido resuelto definitivamente.

Por aparte, Byron Barrera Ortiz, director ejecutivo del CNAP, cree en la importancia de crear espacios de participación de los pueblos indígenas, para lograr a través de esta, mejoras en cobertura, salud, educación intercultural y bilingüe y generación de empleo.

“Hace falta mucho esfuerzo y mucho trabajo por incorporar a los pueblos indígenas al ejercicio de los derechos, no sólo a los derechos contemplados por los Acuerdos de Paz, sino los derechos constitucionales, culturales, políticos, entre otros. Es decir,  el mayor rezago de la agenda social del país y del Estado está precisamente en el tema de los pueblos indígenas. Es importante que los espacios en al ámbito político se amplíen para los pueblos indígenas”, expone Barrera.

Fernando Leal, representante del Grupo G4, integrado por la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos, afirma que la conflictividad indígena no se reducirá sino hasta erradicar los altos índices de desnutrición, violencia y pobreza en el país.

Leal expone que los pueblos indígenas toman «otras banderas» en protestas sociales, pero que la principal demanda es la inclusión de este sector olvidado.

“Lo más difícil será aterrizar los conceptos de racismo y discriminación, de despojo y abandono en los pueblos indígenas. Las poblaciones que mayor conflictividad generan son: San Marcos, Quiché y Huehuetenango. En algún momento se ha tenido la idea equivocada que si se soluciona el tema minero se va a reducir la conflictividad y eso no es cierto. Si se solucionara el tema minero o de las hidroeléctricas los pueblos indígenas tomarían “otra bandera” porque lo que quieren es mayor inclusión y solucionar los problemas de orden estructural”, culmina Leal.