Quito concentra la atención regional este fin de semana al acoger la segunda cumbre de la UNASUR, los festejos por el bicentenario de la independencia ecuatoriana y la investidura del segundo mandato consecutivo de Rafael Correa, que prometió «radicalizar» su política.
Los tres hechos se enmarcan en un momento de fricciones, amenazas militares y desacuerdos diplomáticos entre varios miembros de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR).
Las tensiones están al rojo vivo por cuenta de un acuerdo en discusión que permitiría a Estados Unidos usar siete bases militares colombianas.
Colombia, principal aliado de la Casa Blanca, defiende su derecho a combatir las drogas y el terrorismo mediante esa alianza, pero para gobiernos de izquierda como de Bolivia, Ecuador y Venezuela el acuerdo es una amenaza a la seguridad regional.
Venezuela fue más allá de las críticas y congeló sus relaciones con el gobierno de ílvaro Uribe. El tema ha sido una puntada más en la crisis por la cual Colombia y Ecuador están sin vínculos diplomáticos desde marzo de 2008.
«Aquí no hay mediadores, la única forma de que esta situación vuelva a la calma es que desista Colombia de entregar su territorio a Estados Unidos», dijo el presidente Hugo Chávez.
Uribe no asistirá a la cumbre de la UNASUR. En cambio, realizó una gira por siete países sudamericanos para explicar el acuerdo con Estados Unidos, preocupado más por las reservas de Brasil antes que por la reacción de Chávez.
Así, la cumbre en Quito genera interés no tanto por el traspaso de la presidencia pro témpore de parte de Chile a Ecuador, sino por las eventuales declaraciones que podrían marcar el tono de la próxima reunión del Consejo de Defensa, donde se analizará el pacto entre Colombia y Estados Unidos.
Pero Quito no sólo será sede de la cumbre de la UNASUR. También albergará la ceremonia de inicio del segundo mandato de Correa -ante 14 jefes de Estado de la región- y de los festejos por los 200 años de la independencia ecuatoriana de España.
De 46 años y con dos en el poder, Correa anticipó una radicalización de su «revolución» para esta nueva etapa, lo que según su gobierno implicará expropiación de tierras improductivas, inversión en los más pobres y una posición de fuerza frente a multinacionales petroleras.
«En la nueva Constitución (aprobada en referendo por iniciativa del gobierno) se reafirma esta voluntad de todos y vamos a profundizar esos cambios en democracia, vamos a radicalizar esta revolución en paz, y de paz», afirmó.
Correa llega a su segundo mandato con una popularidad superior a 50%, pero acosado por un escándalo que agravó las relaciones con Colombia a raíz de las denuncias sobre supuestas relaciones con la guerrilla marxista FARC, tachadas por su gobierno como una maniobra para desprestigiarlo.
A la par con la banda presidencial recibirá las riendas del bloque sudamericano en medio de los cuestionamientos del gobierno colombiano, que consideró que bajo la conducción ecuatoriana la Unasur podría morir.
El presidente ecuatoriano ha anticipado que entre otros aspectos buscará fortalecer la integración comercial, crear una instancia que dirima controversias comerciales y liberar al país «de los poderes fácticos» de los medios de prensa.
También aprovechará la oportunidad para proclamar «la segunda independencia de Ecuador» al calor de su «revolución», que puso a su país en la órbita de los gobiernos nacionalistas de izquierda, críticos de Estados Unidos y con líderes tan carismáticos como controversiales.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa inicia su segundo mandato el lunes, y ya adelantó que piensa radicalizar su política, con un endurecimiento frente a Colombia, las petroleras, la prensa y los ricos, más una serie de promesas que algunos analistas consideran difíciles de cumplir.
Correa asumirá como el primer presidente ecuatoriano reelecto en tres décadas y luego de un período inicial de dos años en que se afianzó como el líder que puso al país en la senda del «nuevo socialismo», que se instaló en Venezuela y se abre paso en Bolivia.
De 46 años y con una aceptación superior a 50%, Correa dijo que hará un gobierno más radical con la prensa y las petroleras extranjeras, volcado hacia los pobres y dispuesto a expropiar tierras para dárselas a indígenas y campesinos.
«Que a nadie le quepa la menor duda, esta revolución Bolivariana y Alfarista no tiene regreso (…) vamos a profundizar esos cambios en democracia, vamos a radicalizar esta revolución en paz, y de paz», señaló.
Carismático, temperamental y con un proyecto en ciernes que sus críticos tachan de autoritario, Correa renueva su mandato acosado por dos escándalos: las denuncias que lo vinculan con la guerrilla colombiana FARC, y los contratos -en proceso de anulación- por casi 80 millones de dólares adjudicados a un hermano.
El mandatario ha negado cualquier relación con ese grupo rebelde, y frente a su hermano Fabricio se ha mostrado muy crítico. Asimismo, a cada sombra antepone lo que ha hecho en su gobierno.
En dos años robusteció el aparato estatal, cambió la Constitución por una de inspiración socialista, mejoró las condiciones de los más pobres vía subsidios, y se paró firme frente Estados Unidos y Colombia. Además, debilitó casi hasta su extinción a los partidos políticos.
Con Estados Unidos mantuvo una relación entre áspera y cordial, marcada por el fin de un acuerdo que le permitía a los estadounidenses usar una base ecuatoriana para la lucha antidrogas. Mientras, con Colombia la situación está en su peor momento.
En marzo de 2008 rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Alvaro Uribe por un ataque militar contra FARC en Ecuador, y desde entonces ha amenazado con una «respuesta militar ante una nueva agresión» y restringido el comercio con Colombia.
Para este nuevo período «Correa muestra el mismo perfil que ha tenido: un liderazgo muy fuerte, carácter autoritario, poco tolerante. Creo que en general él y su gobierno tienen un radicalismo verbal, que no siempre se expresa en acciones», dijo el analista Simón Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), a la AFP.
El mandatario se propuso radicalizar el llamado «socialismo del siglo XXI» en un contexto de crisis económica, y con menos aliados de los que tuvo al inicio.
En lo económico enfrenta una drástica caída de los ingresos petroleros y de las remesas -pilares del sistema dolarizado en la economía-, un desempleo de 8,3% y un abultado déficit fiscal.
«Va a ser difícil que alcance un crecimiento de al menos 6% para reducir los índices de pobreza de 35% y miseria de 15%, además no hay garantía para la propiedad y las políticas contra las petroleras han desalentado a las inversiones», opinó Jaime Carrera, del Observatorio de Política Fiscal.
También en política interna el camino luce empinado. Correa cuenta con una mayoría «móvil» en el Legislativo, pero sus malas relaciones con sindicatos y un sector indígena podrían minar el respaldo popular en un país que hasta hace poco tuvo fama de ingobernable por el cambio abrupto de presidentes.