Esta mañana, Acción Ciudadana (AC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) firmaron un convenio para fortalecer la cooperación entre sociedad civil y el Estado, a fin de fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en las instituciones estatales.
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Alejandro Urízar, director ejecutivo de AC, señaló que la medida busca que la CGC sea eficiente y eficaz en su tarea de fiscalización, a través de la mutua cooperación.
AC, por medio del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), entregó, simbólicamente, 31 denuncias de presuntos actos de corrupción relacionados al manejo de fondos del Estado, de las cuales un 90%% corresponde a municipalidades que fueron señaladas por la ciudadanía.
«El convenio establece un mecanismo de monitoreo para que se le dé seguimiento a los casos que se envían a la contraloría, para que no sean engavetados. Ambas partes se comprometen a darle seguimiento a los casos», indicó Urízar.
Casos
Según Urízar, existen tres casos puntuales que requieren de atención inmediata, entre estos mencionó a las municipalidades de Panzós, Alta Verapaz, Nebaj (Quiché) y Chicacao (Suchitepéquez).
Los motivos por los cuales los pobladores denunciaron a las tres comunas, se refiere a la obstrucción de acceso a la información de ejecución de fondos, en Alta Verapaz; los mismos vecinos exigieron una auditoría, porque las obras se están licitando en guatecompras por la municipalidad de Quiché.
También ha sido fundamental que los comunitarios denunciaran la adjudicación que se ha hecho a una sola empresa, que lleva el nombre comercial del alcalde de Suchitepéquez.
Intervención
Urízar advirtió que la pronta intervención de la CGC podría destapar una serie de problemas en esas alcaldías,»nos permitiría determinar a qué montos nos estamos refiriendo y qué personas están involucradas».
El entrevistado recalcó que en muchas oportunidades la ciudadanía conoce o tiene acceso a ciertos documentos de malos manejos de fondos públicos, o la contratación de empresas de familiares del alcalde o la contratación de éstos dentro de la misma municipalidad, por lo que deben denunciarlos.
Denuncias
De las 31 denuncias, 28 corresponden a municipalidades, la mayoría de los departamentos de Suchitepéquez, Quiché, Santa Rosa y Huehuetenango, por obras cobradas y no ejecutadas, obras cobradas y no finalizadas; irregularidades en la contratación pública, donde los dueños son familiares de los alcaldes, entre otras.