En ese marco su abogado defensor presentó un recurso de excepción en el que argumenta que el sindicado fue detenido en Mixco y no en el lugar en el que serí­a enjuiciado por su presunto ví­nculo con el grupo denominado los Zetas, vinculados al narcotráfico.

Según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECP), un alto porcentaje de acciones relacionadas con la jurisdicción de los Tribunales de Justicia son interpuestas como medidas dilatorias para «retardar el inicio de los debates».

RECURSO

Harold Pérez, abogado defensor de Pérez Rojas, interpuso un recurso de excepción en el Organismo Judicial con el que busca que el juicio contra el sindicado sea conocido en el tribunal de Mixco.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en enero último que el juicio contra Pérez Rojas y otros once implicados en el enfrentamiento entre narcotraficantes ocurrido el 25 de marzo en el Balneario La Laguna, Rí­o Hondo, Zacapa, sea presidido por los jueces de esa región.

En esa resolución, la CSJ apuntó que el juicio contra los doce presuntos Zetas, serí­a efectuado en la capital por medidas de seguridad.

Pérez alega que existe un conflicto de jurisdicción, ya que su defendido fue detenido el 8 de abril en Mixco y que por ende, debe ser un tribunal de esa localidad el que lo juzgue. La acción podrí­a ser resuelta en semanas, lo cual retrasará el inicio del debate.

La fiscalí­a contra la narcoactividad se ha mantenido al margen de este caso en cuanto la información, sin embargo, han manifestado su preocupación por el retardo que ha tenido el inicio del debate contra los doce presuntos miembros de los Zetas que operaban en este paí­s.

SIN FUNDAMENTO

Javier Monterroso, director de incidencia del IECP, opinó que un gran porcentaje de esas acciones son utilizadas por los abogados como «estrategias dilatorias en los procesos y son poco éticas».

«La competencia la determina la CSJ y en ese sentido esa instancia la única que puede determinar qué casos conocen los tribunales independientes de su sede geográfica», explicó el entrevistado.

Monterroso insistió en que esos recursos generalmente retardan los procesos y que más del 96 por ciento de los mismos son declarados sin lugar, y presentados sin posibles argumentos reales. «La CSJ tiene que analizar en dónde se cometió el delito y no donde se capturó a la persona», citó.

El analista indicó finalmente que los Tribunales no deben determinar su competencia en relación a las capturas de la Policí­a Nacional Civil, sino en relación a la ubicación en la que ocurrieron los hechos que se van a juzgar.

Según el IECP, de 2005 a 2008 el Organismo Judicial conoció 3 mil conflictos de jurisdicción, de los cuales sólo cuatro fueron resueltos a favor del interponente. 2 mil 996 fueron rechazados por los jueces.