El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Juan Francisco Cárdenas Argueta, dio a conocer sobre la nueva iniciativa de ley que ingresó y que busca una entrega más justa y a tiempo del situado constitucional para las municipalidades del país.
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El parlamentario indicó que esa iniciativa es producto del disgusto de varios alcaldes, quienes están interesados en que se defina quiénes van a dar la información sobre los cálculos que rigen a cada municipio, para la entrega del 10% constitucional.
Lo anterior, debido a que hubo inconformidad este año y años anteriores, cuando varios jefes ediles han manifestado públicamente que la entrega de fondos a las corporaciones municipales para continuar con los proyectos, han sido definidos políticamente por el Gobierno de turno a través de la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan).
Por ello, el diputado Carlos Gerardo Gordillo Marroquín y el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, ambos de la Gran Alianza Nacional (Gana), presentaron la iniciativa de ley nombrada como reformas al Decreto 12-2002, Código Municipal.
Este nuevo proyecto de ley se suma a la iniciativa anterior, sobre el mismo objetivo que trata de ordenar la entrega de información, para ir logrando que sea más equitativo el 10% que al final se le otorga a los municipios.
«Ya en la comisión se está discutiendo esto, pero ellos (los alcaldes) insistían, entonces la presentamos», explicó el diputado Cárdenas Argueta.
El presidente de la comisión mencionada cree que los cambios que están urgiendo las alcaldías van a pasar. Está previsto que hoy reciba dictamen de comisión la anterior iniciativa, que va casi en la misma línea del nuevo texto presentado.
Sin embargo, si el dictamen lo rechazaran la mayoría de los dieciséis comisionados integrantes, se tendrá que estudiar y evaluar los contenidos de ambas materias para ordenar y emitir una nueva opinión legislativa, enumeró el parlamentario.
Quejas
Hace dos meses, un grupo de alcaldes manifestaban sus molestias ante la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, donde rechazaron que el Gobierno tenía más de dos meses de retraso en la publicación de las cifras que debían recibir cada uno de los municipios.
Desde el pasado 16 de julio, los alcaldes inconformes han urgido a los parlamentarios que en su derecho y capacidad jurídica y política se debe desligar por ley a Segeplan y al Instituto de Fomento Municipal (Infom), para que ya no pongan sus manos en la decisión de lo que corresponde en dinero estatal a cada municipio.
Otra necesidad que dicen tener la mayoría de Concejos en las Corporaciones Municipales, es limitar por ley el endeudamiento económico que reciben por herencia, cada cuatro años.
El articulado principal de la nueva iniciativa de ley de cinco artículos, con número de registro 3893, contiene:
Contratación de préstamos, siempre que se observe el principio de capacidad de pago y que no afecte las finanzas municipales y se asegure que el endeudamiento en que incurren no comprometa las finanzas públicas nacionales.
La asignación constitucional y entrega de fondos, serán distribuidos a las municipalidades del país cada mes.
Que las instituciones que proporcionen información para el cálculo de la distribución de la asignación constitucional, debe hacerlo:
El Tribunal Supremo Electoral, en cuanto al número de municipalidades.
El Instituto Nacional de Estadística, sobre población total y rural de cada municipio, estimada para el año anterior.
La Contraloría General de Cuentas, en cuanto a las ejecuciones presupuestarias de cada municipalidad.