Hace unos días un empleado de La Hora tuvo un percance de tránsito con un vehículo de Telgua, asegurado con Seguros G&T Continental. De inmediato los personeros de la empresa periodística asumieron la responsabilidad y así lo hicieron ver a los ajustadores de la aseguradora, quedando en que pasarían la cuenta cuando el carro fuera reparado.
Ayer llamó un señor que dijo ser Roland Salazar, quien se identificó como encargado de cobros de la aseguradora aunque en la oficina donde se le localiza responden «Monroy y Asociados», y nos indicó que teníamos que pagar los 700 quetzales que había costado la reparación, a lo cual accedimos inmediatamente, pero nos pidió que el cheque saliera a nombre de un individuo en particular y que no darían factura sino recibo de caja. Al señalarle que eso no era correcto y que el cheque tendría que salir a nombre de la aseguradora o de la empresa de telecomunicaciones pero nunca a nombre de «Perico de los palotes», dijo que vería «cómo nos podía ayudar» y pocos minutos más tarde volvió a llamar diciendo que si queríamos factura, teníamos que pagar con un cheque de caja a nombre de la Aseguradora, pero que el pago ya no sería de 700 quetzales, sino de 784.00, tomando en cuenta el IVA.
Uno se topa con muchos negocios pequeños y medio turbios en donde le dicen que el precio es tanto sin factura y con el recargo del IVA si el cliente pide el comprobante legal del pago. Es evidentemente ilegal el procedimiento porque la ley establece claramente que el precio de un bien o el valor de un servicio incluye el Impuesto al Valor Agregado. Es comprensible, aunque la ignorancia no justifica la inobservancia de la ley, que esos pequeños negocios actúen con esa desfachatez al decirle al cliente que están tratando de evadir el impuesto, pero que lo haga una institución con la seriedad de una empresa aseguradora que actúa bajo los controles de la Superintendencia de Bancos debiera considerarse como algo inaudito.
Se trata de una cifra muy modesta que no hará más rico o más pobre a nadie, pero al darnos cuenta que así es como actúan en todos y cada uno de los reclamos y que esa es la forma en que muchas veces actúan otras entidades del sistema financiero que nunca dan factura por el cargo que hacen en determinadas operaciones, creemos que es del caso poner el asunto sobre el tapete. Extraña que una vieja empresa de seguros recurra a ese procedimiento de cobro totalmente anómalo que pone en evidencia que nuestra legislación tributaria está más violada que nuestra ya pobre y maltrecha Constitución. ¿Será que la SAT tomará cartas en el asunto? La verdad nos parece muy improbable.