En los últimos 54 años, los gobiernos que ha tenido el país se han caracterizado porque los intereses que sirven, representan, defienden y tutelan, las fuerzas que los apoyan, y el vicio de origen que les hizo posible y facilitó detentar el poder político, les ha permitido enriquecerse a manos llenas y hacer de la corrupción y la impunidad la forma más desvergonzada y perversa de administrar la cosa pública.
Ni la alternabilidad gubernamental institucionalizada a la fuerza, ni los golpes militares de Estado han podido resolver los acumulados y cada vez más graves problemas que afectan a la población guatemalteca. Y ello se explica por qué esos gobernantes se impusieron por la fuerza: Primero, apoyándose en la represión anticomunista y la violencia organizada; después, en el terror contrainsurgente como política de Estado; y, a partir de la llamada apertura política, gerencializando la administración, abrir el país al neoliberalismo, la privatización de los servicios y empresas a cargo del Estado, y asegurar la alternabilidad en interés del poder económico, corporativo y empresarial, las grandes multinacionales, y la política de seguridad nacional de los gobernantes de Estados Unidos.
Podría pensarse que los que dicen que actualmente gobiernan al país, nada tienen que ver con los problemas, perversiones administrativas, impunidad y crisis heredada por los gobiernos del pasado. Sin embargo, no es así.
Y es que se supone que quien está al frente del gobierno, sus colaboradores, y la organización que parecieran dirigir, tuvieron más de ocho años para prepararse y organizarse para gobernar, y elaborar e implementar un programa de soluciones posibles y necesarias. Pero, por lo visto, tampoco tuvieron la mínima previsión para visualizar el cuadro de la situación nacional y el entorno internacional en que podrían eventualmente estar al frente de la administración pública.
Además, se equivocaron y trataron de engañar cuando después de conocerse los resultados de la segunda vuelta, declararon que la fuerza a gobernar era una fuerza socialdemócrata.
A 120 días de que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) está «al frente del gobierno» (lo entrecomillo porque hay muchos elementos para asegurar que las cosas no son así), está claro que la administración actual y la fuerza en que «se apoya» no es, estrictamente hablando, un gobierno y una organización socialdemócrata. Los muchos frentes que se han abierto y las contradicciones que han generado no son a causa de su autodefinición ideológica. Son otros factores los que cuentan.
Entre ellos, las muy limitadas posibilidades y escaso margen de maniobra para manejar la crisis de gobernabilidad en que se está. Y, si algo pone de manifiesto la poca o ninguna habilidad para lidiar con la incontrolada carestía de la vida, son las medidas anunciadas el domingo. En lo económico y social son parches improvisados cuya aceptación o rechazo se deja en manos del empresariado cuya respuesta no es difícil de prever en tanto que en nada les afecta y, por el contrario, les garantiza mayores utilidades y ganancias.
En lo internacional son evidentes las pocas o ningunas luces de las que hace gala la diplomacia local. No es difícil advertir que durante la visita del gobernante guatemalteco a Washington, el señor George W. Bush logró que su huésped aceptara guardar no una distancia prudencial con los tres gobernantes revolucionarios de izquierda de América del Sur, sino a la manera del gobernante Antonio Saca: abierta y provocadoramente; que secunde el Plan Mérida de seguridad fronteriza; se adhiera bajo la mesa al Plan Colombia, y permitiera que el miércoles pasado llegara a Puerto Quetzal el portaviones estadounidense USS Boxer, permanezca por dos semanas en aguas territoriales y, según se ha informado oficialmente, pueda prestar «asistencia humanitaria» a la población de la Costa Sur.
No se necesita ser mal pensado pero ello más parece parte de los planes del Pentágono para América Latina y el Caribe de restablecer la Cuarta Flota dizque para combatir el terrorismo y el narcotráfico y, aunque no se reconozca públicamente, hostigar y agredir militarmente a Venezuela, desestabilizar y provocar a Bolivia y Ecuador, e invadir a Cuba Socialista.
Luchar contra la política guerrerista de la Casa Blanca en América Latina es una tarea de todos los pueblos y países del Continente y, en el caso de nuestro país, somos los guatemaltecos a quienes corresponde denunciar y oponernos al abusivo y burdo intervencionismo estadounidense en nuestros asuntos internos, y a la obediencia y sumisión de un gobierno como el actual.
Teniendo en cuenta que el país está en Estado de Prevención, el alzamiento y revuelta local en Fraijanes del domingo y lunes, es la continuación de la cada vez más generalizada protesta social y popular ante la gravedad de la situación económica y social.
El camino a seguir para sacar adelante a Guatemala pasa necesariamente por la organización y unidad de la alternativa nacional, social y popular para la emancipación de nuestro país y nuestro pueblo.