Las cerca de 600 personas que agrupaba el movimiento de «rezadores» contratados por el presidente nicaragí¼ense, Daniel Ortega, hace seis meses para proteger con sus plegarias al gobierno sandinista en las calles de Managua, están a punto de quedarse sin trabajo por la crisis.

«Llevamos casi seis meses aquí­ orando por la paz y la reconciliación para que el gobierno pueda gobernar» sin problemas, explica Fredy Martí­nez, un agricultor de 53 años del municipio de La Paz Centro, 40 km al noroeste de la capital, que viaja un dí­a cada dos a Managua para participar en la campaña.

El movimiento nació en septiembre con más de 600 oradores, en su mayorí­a ancianos muy pobres que se enrolaron en esta peculiar campaña de oración por la paz y contra el odio (de la oposición).

El objetivo último, según muchos analistas, era evitar que los militantes de la oposición ocuparan estos lugares públicos, sobre todo para manifestarse contra el fraude electoral en las elecciones municipales de noviembre.

Ahora que se han apaciguado las aguas polí­ticas, pese a que el gobierno se ha negado en rotundo a recontar los votos como exigí­a la oposición, la crisis les ha alcanzado de pleno y el movimiento ha empezado a debilitarse.

Hasta las imágenes de la Virgen Marí­a instaladas en las rotondas en los principales ejes viales de la capital estaban siendo retiradas.

«Nos hemos venido retirando poco a poco, ahora hay menos gente», reconoció Rubén Martí­nez de 58 años, quien asegura que entre los «rezadores» hay muchos simpatizantes del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda).

«Aquí­ sólo hay gente pobre rezando», admitió Martí­nez, quien llevaba una hora sentado bajo el inclemente sol tropical nicaragí¼ense en la rotonda El Periodista, tratando junto a un grupo de 10 colegas llamar infructuosamente la atención de la gente.

Ni el presidente Ortega ni dirigentes del gobierno se han acercado a ellos para saludarlos, agradecer su apoyo o rezar junto con ellos, sostienen los entrevistados.

«La gente es indiferente (con nosotros), pero uno tiene que buscar cómo resolver sus problemas», dijo Bienvenido Meza, un campesino de 67 años originario del municipio de Tipitapa, a quien sus pequeñas siembras de maí­z no alcanzan para sostener a su familia.

Aunque la mayorí­a de los participantes niega recibir ayuda, un grupo de 30 desertores denunció la semana pasada ante un organismo de derechos humanos que fueron «contratados» por partidarios del gobierno por 50 dólares al mes y otras promesas de ayuda que últimamente han sido incumplidas.

«Nos corren» y ahora «ni siquiera tenemos para regresar a nuestros pueblos», se quejó Melva Poveda, de 50 años, ante el organismo.

Según los afectados, a causa de sus reclamos fueron «despedidos» y expulsados a garrotazos de las rotondas por sus colegas que temen quedar sin trabajo.

«Hubo promesas de ayuda» y «lo justo es que se cumplan esas promesas», demandó uno de los expulsados, Santos Rivera.

Cálculos publicados recientemente por la prensa local, indican que el gobierno ha invertido no menos de 200 mil dólares al mes para mantener a los rezadores, sin incluir las tres raciones diarias de alimentos y un pequeño apoyo logí­stico.