Lo que más revienta al ciudadano de la calle es que le sigan viendo cara de lo que no es, especialmente cuando se aduce que al hacerlo se agiliza el trámite de las contrataciones, se evita la burocracia y el pasivo laboral. Es un descaro decir que evadir la ley significa «agilizar las contrataciones», porque de aceptar semejante barbaridad serí­a igual que siguiéramos tolerando a los contrabandistas, porque no pagar impuestos es «agilizar las importaciones». Por otro lado, ¿cuándo hemos visto que aun pagándole una gorda comisión al PNUD se logre una reducción drástica en la burocracia de las oficinas públicas; en la cantidad de personal que labora en ellas o en el monto de sus remuneraciones y prestaciones? ¿No es todo lo contrario?

A los guatemaltecos no se nos ha olvidado, ni creo que se nos olvide jamás, aquella cantaleta de eliminar los gastos «confidenciales», lo que llevó a consignar en el Artí­culo 237 de la Constitución de 1985 su prohibición o cualquier otro gasto que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización, lo que vino a resultar puras tortas y pan pintado para los polí­ticos aprovechados de siempre, sin menoscabo del palabrerí­o del Comisionado para la Transparencia que cada vez que puede sale robando cámara para explicarnos que su función es garantizarnos el cumplimiento del Artí­culo 30, en donde reza que «todos los actos de la administración son públicos», para que luego salgan corriendo a protegerse bajo las enaguas de la PNUD.

Por lo anterior es que pregunto en el titular: ¿quién manda aquí­? Porque, si en verdad son los tatascanes que todos conocemos, debieran mandar a la punta de un cuerno esa manera de contratar a organismos internacionales, como también los fideicomisos y cuanta movida se les ocurra en el futuro. Hasta entonces van a poder gritar a los cuatro vientos ¡soy honrado y si alguien lo duda que me registren! De lo contrario, no olviden la frase final de su juramento al asumir el cargo… ¡que el pueblo se los demande!