La sabiduría popular está llena de refranes que son en verdad ilustrativos y certeros y entre ellos viene al caso aquel que dice que quien está limpio ni de jabón necesita y que cae como anillo al dedo al ver los desesperados esfuerzos que hacen los funcionarios al servicio de los programas que dirige la esposa del Presidente para no cumplir con los preceptos de la Ley de Acceso a la Información, especialmente con el detalle del manejo que se hace de fondos que son parte del erario y por lo tanto sujetos a la fiscalización de la Contraloría de Cuentas y también, por supuesto, a la fiscalización de la auditoría social que es mucho más importante y efectiva.
Evidentemente se pueden esgrimir mil y un pretextos para no dar información respecto al manejo de los fondos, pero al final de cuentas son únicamente eso, es decir pretextos, porque razones no existen para que con el aporte de los contribuyentes se manejen programas cuyo destino es empecinadamente ocultado por los funcionarios. Nosotros hemos sostenido que en un país como Guatemala es más que urgente realizar programas de combate a la pobreza y nos parece adecuado que el país imite acciones que han dado buenos resultados en otros lugares. Y precisamente porque estamos convencidos de la importancia y trascendencia de políticas así es que nos indigna ver el empecinamiento en ocultar la información que se ha ratificado con la publicación en el diario oficial de la norma dispuesta por el Ministerio de Educación declarando datos reservados, no afectos a la ley de acceso a la información, todo lo que tiene que ver con las transferencias condicionadas de Mi Familia Progresa. Porque esa ceguera del Ministerio, que se pone de alfombra para mantener un secreto injustificado además de ilegal, al final de cuentas hace un gran favor a los enemigos de los programas sociales de combate a la pobreza porque nutre sus arsenales para que los descalifiquen. Nuestra posición desde el principio ha sido que para preservar la existencia de esos programas es indispensable que se asegure su absoluta transparencia, a fin de despejar la más mínima duda, pero evidentemente los funcionarios tienen otra agenda, otros intereses, porque no les importa en absoluto el daño que hacen. Eso nos ratifica que al final de cuentas es únicamente una postura de clientelismo político para ganar votos y no convicción de solidaridad social. Si fuera una convicción profunda de combatir la pobreza, serían los más interesados y comprometidos en hacerlo todo transparente. Pero como lo que les interesa es generar votos, el secreto se vuelve fundamental para el éxito de su particular programa.