La sabiduría popular nos decía que quién está limpio ni de jabón necesita y viene al caso ese detalle ahora que la Registradora General de la Propiedad, avalada por quienes se consideran vacas sagradas para pontificar, se resiste a que la Contraloría de Cuentas pueda cumplir con su deber. El Registro General de la Propiedad es una entidad de derecho público y por lo tanto está sujeta al control que la Constitución establece.

Pero más allá de cualquier consideración, quien es transparente lo demuestra con sus hechos. La transparencia es una forma de vida, es un compromiso cívico. Se es transparente o no se es, no caben medias tintas y se puede decir que uno ha sido transparente antes, pero que ahora no quiero que alguien me revise mis cuentas.

El argumento de que puede haber consecuencias legales adversas por permitir el ingreso de la Contraloría de Cuentas es de lo más burro que pueda decirse al respecto porque está claramente establecido que la Contraloría tiene facultades hasta para supervisar el uso que se hace del dinero de colectas públicas, no digamos del dinero que por ley percibe el Registro que tiene facultades, ciertamente, para apropiarse de los fondos y administrarlos con base en su propio presupuesto y autonomía, pero aun así hay que fiscalizar que el uso del dinero sea el apropiado.

¿Cómo se puede asegurar que se esté garantizando la seguridad registral si no hay forma de ver si se están resguardando los datos y se gasta parte del dinero en libros y en los programas de computación que se requieren en estos días para llevar al día la información? ¿Quién certifica que se esté cumpliendo con eso? Además los abogados que como vacas sagradas repudian la fiscalización son precisamente quienes ahora supuestamente la realizan. ¿A quién le informan sobre el resultado de esa fiscalización y control?

Repetimos lo dicho hasta el cansancio. La Contraloría es un asco y no sirve para contener los malos manejos, pero no hay que confundirse pensando que entonces los abogados que se resisten a la fiscalización pueden hacer un mejor trabajo. Lo que hay que hacer es aceptar la supervisión del manejo del dinero que se hace y que la CGCN cumpla con su deber, al margen de la necesidad de reformar la Ley Orgánica de esa cacharpa para obligarla a ser eficiente y castigar a los auditores y contralores que se hacen de la vista gorda con todo lo que se roban en nuestro país.

La licenciada Anabella de León tiene que entender que si ella se aparta de la línea que ha tenido, su actitud será criticada.

Minutero:
No se vale buscar escudos
para evitar la auditoría
pues nunca habrá mejoría
si todos se hacen los mudos