Guatemala posee un territorio de más de 108 mil kilómetros cuadrados, de los cuales, según datos de la Cámara del Agro, únicamente 34 mil están registrados, del resto no se tiene certeza sobre su propiedad. Además, del total de la superficie del país, 54 mil kilómetros cuadrados representan fincas de terratenientes.
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En ese contexto, para dar seguimiento a la agenda agraria planteada en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, se propone la discusión del anteproyecto de ley sobre la regularización de tenencia de la tierra.
El CNP-Tierra presentó públicamente el anteproyecto que contempla la regularización de la tenencia de la tierra. Según Walter Hernández, asesor de la entidad, para la creación de la iniciativa se realizaron talleres y consultas con líderes comunitarios, campesinos, indígenas y organizaciones sociales.
Se hizo la presentación pública, para que se conozca y se discuta, ya que debe estar consensuada», asegura Hernández.
La iniciativa se plantea principalmente para dar seguridad jurídica sobre la tierra, complementar el proceso catastral, ordenamiento territorial, solución de conflictos, así como para reordenar y reivindicar derechos.
Según Marco Cerezo, de Fundación para el Ecodesarrollo y Conservación, existen todavía unos 30 mil expedientes sin resolver heredados del Instituto Nacional de Transformación Agraria, por lo que apoya «el espíritu y la aceleración de la misma».
ímbitos de aplicación
La propuesta contempla la regularización de los procesos a raíz de los resultados del Registro de Información Catastral (RIC), que inició en el departamento de Alta Verapaz, con la creación del Decreto 41-2005 Ley del RIC, aprobada por el Congreso de la República.
También pretende solucionar casos surgidos de programas agrarios realizados antes de 1962, regularización de tierras del Estado y municipalidades, de tierras a favor del Estado y entidades autónomas, tierras de titularidad privada y áreas de conservación y aprovechamiento de recursos naturales.
Para Marco Cerezo, hay una necesidad de articular y sistematizar leyes, ya que actualmente existe una iniciativa más impulsada por el diputado Manuel Jornado. «Cada ley es concebida y aislada de las otras. El llamado es a una reflexión integrada y sistémica», asegura.
A criterio del ambientalista, la iniciativa propuesta por CNP-Tierra debe involucrar el ordenamiento de los usos de la tierra. «Tiene un énfasis muy notarial», por lo que descuida otros aspectos.
Entre ellos señala que la misma vincula el proceso de regularización con el de catastro. «Si esperamos que el catastro termine, perderíamos tiempo», dice Cerezo.
También plantea que el tema de parcialización de tierras comunales favorecería los procesos de centralización de la tierra. Asimismo, advierte que el 32% del territorio nacional representa áreas protegidas, y muchas de ellas están habitadas. «Las comunidades que históricamente las han habitado tienen derechos, por lo que deben ser regularizadas», indica.
Finalmente, propone la integración del tema de conservación de la naturaleza, precios de regularización agraria, la extensión de superficie por familia, una visión convergente que unifique al movimiento campesino con ambientalistas y evitar de no favorecer el crecimiento de los latifundios.
Punto de partida
Héctor Nuila, diputado de la URNG, considera que el anteproyecto «puede ser el punto de partida, para discutir la problemática agraria, ya que el poder en Guatemala está constituido sobre una estructura agraria».
El legislador asegura que los instrumentos legales como éste, son sujetos de perfectibilidad. «No pretendamos que en un anteproyecto de ley quepa todo, hasta lo que está por venir. Los cambios los determinará la realidad», argumenta.
La seguridad alimentaria es una necesidad nacional, por lo que este instrumento jurídico está paralelo a esta situación», advierte el diputado.
Agenda agraria, pendiente
De acuerdo con Walter Hernández, aún hay temas que están pendientes de incluirse en la agenda agraria, entre ellos menciona la discusión sobre tribunales agrarios, la procuraduría agraria, ley de tierras de comunidades indígenas y ley de tierras ociosas.
Fase inicial: declara los municipios, como zonas a catastrar, para la elaboración de diagnósticos.
Proceso catastral: fase de medición de colindancia, límites y verificación de legalidad.
Fase intermedia: de exposición pública de los resultados, durante 30 días.
Fase declaratoria: declaratoria de zonas catastradas como regulares o irregulares.
En 2005, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dio a conocer datos a cerca de la situación de concentración de la tierra. La información que presentó fue recopilada durante el año 2003:
Menos de una manzana de tierra para subsistir -Productores de infrasubsistencia, con ingresos menores de US $ 1 al día- tienen 3.2% de tierra.
De 1 a 10 manzanas, productores de subsistencia, con ingresos menores de US$ 2 al día, con el 18.6% de territorio productivo.
De 10 a 64 manzanas, terratenientes excedentarios, con 21.5% de la tierra.
Más de 64 manzanas, comerciantes con propiedad de 56.6% del área productiva.