El actual proceso de elección del próximo Fiscal General y jefe del Ministerio Público se retrasó debido a los oportunos amparos para exigir que se evaluara la reconocida honorabilidad de los postulados. Sin embargo, tal pareciera que la reconocida honorabilidad no significa nada para nuestro país.
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El honor, más bien, es un valor y una cualidad que era altamente apreciada en la Edad Media en los sistemas monárquicos. Un caballero andante era valorado por su honor, y quedar deshonrado para él era prácticamente quedar excluido. En «Hamlet», la tragedia de William Shakespeare, el príncipe de Dinamarca sufre por la deshonra que sufriera su padre y, en consecuencia, prefiere morir y que muera medio mundo a fin de preservar su honra y la de su familia.
Sin embargo, es comprensible que el honor ya no signifique nada en el siglo XXI. En primer lugar, porque no hay un ente rector que se encargue de definir quién es honorable y quién no, como lo hacía la figura del Rey en los tiempos monárquicos. Cuando el Monarca ensalzaba, la imagen pública crecía; pero cuando el Rey despojaba del honor, la persona quedaba prácticamente excluida.
En nuestro siglo, no hay ente rector de la honra. La imagen pública se logra a través de impactos mediáticos, pero que muchas veces son engañosos. Varias veces hemos visto a una supuesta persona honorable que cae del pedestal al descubrírsele un pasado oscuro.
Volviendo al tema de las Comisiones de Postulación, la Corte de Constitucionalidad ha enmendado tres veces la plana (en los procesos para postular Magistrados del OJ, jefe del Instituto de la Defensa Pública Penal, IDPP, y Fiscal General), y ha ordenado que se evalúe la honorabilidad.
En consecuencia, la CSJ quedó ligeramente modificada y la elección del IDPP se está repitiendo. Para Fiscal General, se evaluó de nuevo, pero sin que haya un cambio sensible.
La nueva Postuladora del IDPP pretende calificar con el 25% de la puntuación a la honorabilidad de la persona. Sin embargo, considero que la honorabilidad no tiene puntuación. Es como decidía anteriormente el Rey: se quita o se pone, pero no puede haber personas medio honorables. El proceso debería ser, pues, que primero se evalúe la reconocida honorabilidad de los candidatos, y descartar a quienes no son honorables, y continuar con los que no tienen tachas.
El problema es que las Comisiones de Postulación no han podido establecer quién es honorable y quién no. Tal como pasó con la postulación a Fiscal General, se eligió a los mismos seis, porque (aún) no hay forma de saber quién es honorable.
Nuestro país sufre una grave anomia, ya que no hay castigo para los infractores ni tampoco hay premio para nuestros héroes. Al contrario, se premia a los corruptos, y a los héroes se les deja morir en hospitales, asilos o en la pobreza.
El problema de la honorabilidad no debería ser evaluado en las Comisiones de Postulación, ya que éstas tienen muy poco tiempo para evaluar. El sistema de ponderación de la honorabilidad debería estar vigente siempre, y ésta debería ser potestad de los Colegios de Profesionales, especialmente de los Tribunales de Honor.
El Tribunal de Honor debería estar en constante evaluación de sus miembros, y estar sancionando con suspensiones parciales del ejercicio de la profesión a quienes cometan negligencias en el ejercicio, o bien, en caso reiterativo, cancelar la licencia profesional.
En consecuencia, el candidato a puestos públicos que requieran postulación debería llegar con una constancia del Tribunal de Honor de su respectivo colegio, a fin de demostrar su honorabilidad.
En el caso de los abogados, por ejemplo, el Tribunal de Honor debería levantar actas cuando uno de sus colegiados abuse del recurso de amparo; cuando no pague multas; cuando falsifique documentos; cuando entorpezca la justicia; cuando presente testigos falsos, y un largo etcétera de malas prácticas que algunos miembros de este gremio usualmente cometen. Una sola acta en contra de un abogado, significaría que ya no es «honorable» y, por tanto, no podría ser postulado.
De la misma forma, es imprescindible que todos los Tribunales de Honor funcionen de esta forma, y que se sancionen las malas prácticas de médicos, contadores públicos, ingenieros, arquitectos, etc. De esa forma, iremos eliminando la mediocridad profesional y, al menos, habría una espada de Damocles pendiendo sobre aquellos que no hacen bien su labor.
El problema es, como reza el dicho, que entre gitanos no se leen la mano.