El 20 de marzo de 2005 se reportó un crimen más en el paí­s: Juan José de León Pineda fue asesinado en la primera calle y 34 avenida de la colonia Villa Victoria, zona 6 de Mixco; la ví­ctima tení­a 49 años y fue asesinado de varios disparos en la cabeza. Dí­as antes habí­a declarado como testigo en la investigación del Ministerio Público (MP), por el desfalco de Q120 millones al Crédito Hipotecario Nacional. La pregunta que desde entonces flota en el ambiente es: ¿A quiénes podrí­a beneficiar la muerte de de León Pineda y quiénes podrí­an estar interesados en que el miedo reine en las investigaciones del desfalco en el Ministerio de la Defensa en 2001?

La investigación por el asesinato de de León Pineda sigue abierta a la fecha, sin que haya indicios de un posible responsable. Testigos del crimen narraron a la Fiscalí­a que varios individuos descendieron de un vehí­culo verde y lo acribillaron en el lugar. Su cráneo fue penetrado por seis balas que le cegaron la vida instantáneamente. 

Su muerte serí­a parte de las estadí­sticas de violencia, pasando desapercibida por completo, de no ser por la información que poseí­a.

Las investigaciones de la Fiscalí­a apuntaron a que el 1 de marzo de 2001 de León Pineda, entonces jefe de la subdivisión Financiera y Presupuestaria del Ejército, retiró del Banco de Guatemala Q72 millones y Q48 millones al dí­a siguiente; ambas transacciones en efectivo. Eso sumó Q120 millones, los cuales entregó a Luis Alberto Gómez Guillermo, miembro del Departamento de Finanzas del Ejército.  

Posteriormente habrí­a trasladado la cantidad de Q30 millones en efectivo, por medio de Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas al Crédito Hipotecario Nacional, los dí­as 5, 6, y 9 de marzo de 2001, recibidos por José Armando Llort Quiteño, presidente de la entidad bancaria.  

INVESTIGACIí“N Y MUERTE 

Tiempo después, luego de que trascendieron los desví­os y se iniciaran las pesquisas para dar con los responsables, de León colaboró con la Fiscalí­a contra la Corrupción, la cual investigaba entonces el saqueo al Estado perpetrado durante la administración del hoy ex presidente Alfonso Portillo. Hoy estarí­a tras las rejas, afirman quienes actualmente investigan el desfalco. Pero, ¿quién quiso asesinarlo y por qué? 

El caso del multimillonario saqueo es actualmente investigado por la Fiscalí­a Especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual reconoce a de León, otrora implicado, como uno de sus colaboradores.  Sin embargo, no ha sido el único crimen paralelo a esa investigación, pues unas seis personas más que tuvieron relación con ese expediente han perdido la vida en hechos de sangre. 

Hoy, muchos años después de abierta la investigación, el caso ha prosperado y hasta ha sido visto desde otras perspectivas, pues uno de los ex militares vinculados a multimillonarios saqueos de fondos declararí­a en contra del ex presidente Portillo, quien enfrentará juicio por el delito de peculado de Q120 millones. 

Salán, ex jefe de Seguridad de Portillo, gestiona actualmente acogerse a la figura de colaborador eficaz; ese trámite fue manejado con absoluto hermetismo de parte de la Fiscalí­a Especial para la CICIG y el Juzgado Contralor de la investigación por una sola razón: pensaron que el ex militar ofrecerí­a su testimonio para desmantelar la estructura criminal y por ello podí­a ser ví­ctima de amenazas de muerte en la que le advertí­an que no declarara.  

No obstante, la declaración que Salán hizo ante el Ministerio Público sólo señaló a Portillo, a quienes muchos consideran un instrumento que dio mayor poder a La Cofradí­a, a cambio de unos millones de quetzales; no así­ a altos mandos militares que conformarí­an esa estructura paralela a lo interno del Ejército. 

Fiscales del MP cercanos a la investigación no descartan que el asesinato de de León Pineda y de otras personas más, hayan sido perpetradas por un grupo armado vinculado al desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) del que Salán formarí­a parte, sin embargo, no lo hacen oficial. 

Algunas de las preguntas que surgen en este caso son: ¿Qué estructura de poder paralelo podrí­a estar detrás de todos estos hechos?, ¿qué buscan?, ¿qué es lo que la CICIG está investigando desde que reabrió el proceso contra varios ex funcionarios, muchos de ellos militares?

¿CRIMEN íšNICO? 

Un investigador de la Fiscalí­a de la CICIG, que solicitó no ser identificado por razones de seguridad, explicó que el único crimen vinculado al caso que investiga es el de de León Pineda, quien «inclusive fue partí­cipe de los hechos». 

El jurista señala que existe otro crimen que estarí­a vinculado al caso del EMP, el cual es investigado por la Fiscalí­a contra la Corrupción: éste es el de José Raúl Cerna Ramí­rez, ex jefe financiero del EMP, pero añade: «en cierta forma existe relación, pero no está ligado a el caso que se investiga aquí­ en esta fiscalí­a». 

Sobre de León, el Fiscal explica que tení­a un puesto en el departamento de Finanzas del Ejército y que cuando fue asesinado sólo habí­a sido citado a declarar como testigo, pero que se ha establecido que sí­ tuvo participación en el desfalco por lo que si viviera estarí­a procesado. 

El entrevistado detalla que unas siete personas han sido asesinadas por vinculación a una investigación abierta por anomalí­as en el Ministerio de la Defensa, la cual es paralela al proceso abierto por la CICIG contra Portillo. ¿Qué significan esos crí­menes?, ¿a quién o quiénes buscan mantener fuera de la acción de la justicia? 

Cuando se consultó al Fiscal respecto a si la investigación contra Portillo y otros ex funcionarios se dirigirí­a hacia algún grupo especí­fico, respondió: «eso en todo caso deberí­a hacerlo la CICIG, no la Fiscalí­a; (…) a quien por mandato le corresponde investigar la existencia de toda una red es a la Comisión, pero lógicamente esta instancia formarí­a una estructura ya al final, ya que existan condenas y personas condenadas en casos especí­ficos, como en nuestro caso que ellos determinen que existen ví­nculos con otros casos y determinen de esa forma que existí­a toda una red que operaba desde el Estado». 

IMPUNIDAD 

La apertura de la investigación por el desfalco al Ministerio de la Defensa durante el gobierno de Portillo ha generado una larga y dura batalla legal de los abogados de quienes hasta ahora han resultado implicados (la mayorí­a militares) en las ya instancias encargadas de la investigación penal. 

Uno de los argumentos en el que coinciden tanto los personajes implicados en el desfalco del Ministerio de la Defensa como sus defensores, es que la CICIG no tiene competencia para investigar ese hecho debido a que no encuadra en lo que establece su mandato. 

Esos argumentos se han traducido en decenas de amparos, recusaciones, inconstitucionalidades y apelaciones a las resoluciones por las instancias encargadas de la aplicación de la justicia.  Expertos consideran que los implicados y sus abogados, consideran que la CICIG tiene más capacidad de investigación y que ello los perjudica de gran manera. 

El 20 de enero del año recién pasado, Portillo (quien se encontraba en libertad tras ser favorecido con una fianza de Q1 millón otorgada por el juez Julio Jerónimo Xitumul) ofreció una entrevista a una radio local en la que afirmó: «La CICIG fue creada para investigar los cuerpos de seguridad ilegales y ahora quieren que me investiguen a mí­».  

Pero en mayo de 2009, los argumentos de la defensa de Portillo lograron convencer a una operadora de justicia quien emitió un fallo que dejó completamente fuera del proceso por peculado contra el ex presidente a la CICIG. Ella fue Leticia Valenzuela, quien semanas más tarde fue acusada de prevaricación y obstrucción a la justicia.  

El argumento de la juzgadora fue que la sustracción de fondos de la cual se acusa a Portillo y otros ex funcionarios y militares no tení­a relación alguna con cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos.

La jueza consideró que esas eran las causas reales para las cuales fue creada la CICIG, según el acuerdo que le da vida. 

Esa resolución de la jueza Valenzuela despertó muchas dudas y según los investigadores, demostró que los cuerpos clandestinos tienen capacidad de amenazar o comprar a muchos funcionarios de la cadena de justicia, hecho que según expertos, es sólo generado por una estructura bien organizada (Lea: «Tienen la capacidad para crearse impunidad»).

CUERPO ILEGAL 

Diego ílvarez, jefe de Prensa de la CICIG, explicó los fundamentos de ley para querellarse en el proceso: «El artí­culo 1 del decreto suscrito entre CICIG y el Estado de Guatemala establece que su competencia es: apoyar y coadyuvar a las instituciones del Estado en la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos, con ocasión de la actividad de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos, promoviendo». 

El mismo artí­culo define como «cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad», aquellos grupos con las siguientes caracterí­sticas: «cometer acciones ilegales para afectar al pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y polí­ticos, y estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilí­citas». 

ílvarez agrega que dentro del proceso con Portillo y demás militares, existen medios de investigación consistentes en declaraciones testimoniales, peritajes, documentos emitidos por organismos del Estado, hacen concluir que el ex presidente junto a otros ex funcionarios conformaron una estructura organizada, que una vez situada en los sectores gubernativo, administrativo y financiero, contaron con capacidad de generarse impunidad. 

«Desde esa misma impunidad, se dedicaron a la sustracción de fondos del erario público. Esta estructura propició una falla generalizada en los mecanismos de control, incrustándose en los poderes polí­tico y administrativo del Estado de Guatemala», añade.