La fiscalí­a de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) tendrá acceso a los expedientes de necropsia de 30 personas que fallecieron el 31 de enero de 1980 en la quema de la Embajada de España.

El acceso a los citados archivos fue otorgado por una resolución de Eduardo Jerónimo Cojulún, juez Undécimo de Primera Instancia, quien también recibió las declaraciones de los testigos de genocidio; solicitadas por la Comisión Rogatoria de España.

El juzgador indicó que el MP presentó un memorial solicitando a esa judicatura poder tener a la vista los expedientes de necropsias médicas legales de 23 personas con nombre y apellidos y siete no identificadas; petición que fue declarada «con lugar» por parte de Cojulún.

28 años

El MP hizo la citada solicitud 28 años después de la quema de la sede diplomática, sin embargo, activistas de derechos humanos y denunciantes de crí­menes de lesa humanidad calificaron de «importante y positiva»Â· la acción de la fiscalí­a.

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, opinó que «cualquier acción que el MP impulse en función de esclarecer los hechos de la quema de la Embajada de España y de genocidio, siempre son positivos desde todo punto de vista».

Morales dijo también que espera que el acceso a esos archivos revele información que complemente las evidencias que deben aportarse en un debate oral y público y que esclarezca las circunstancias de la muerte y las causas de la muerte de las ví­ctimas.

Mario Minera, director del Centro Para la Acción legal en Derechos Humanos (CALDH), opinó: «Aunque esa acción se haya hecho tan tarde, después de muchos años, es importante que hagan una investigación seria, y no sólo de la embajada, sino de miles de masacres que ocurrieron en esa época en el paí­s».

El entrevistado dijo ver las pesquisas de la fiscalí­a de Derechos Humanos en dos momentos: «en la administración del ex Fiscal General Juan Luis Florido, donde la investigación fue muy lenta y hubo un retardo mal intencionado de las diligencias en esos casos. Y con el nuevo fiscal Amí­lcar Velásquez, que pensamos que pueden avanzar mejor las investigaciones y tener un mayor compromiso para este tipo de delitos», declaró.