Hace 34 años un incendio consumió la sede diplomática representada por el embajador de España en Guatemala, Máximo Cajal. En el lugar murieron 37 personas y, por el hecho, actualmente el Ministerio Público (MP) se prepara para que se juzgue al único procesado en este caso. Mientras tanto, familiares de las víctimas esperan justicia.

“Hemos cumplido, vamos a colaborar por todos los días, por todos los años de nuestra vida, y nuestros nietos y nuestras generaciones van a colaborar con la justicia guatemalteca”, manifestó Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992 e hija de una de las víctimas, Vicente Menchú Pérez.
Su declaración deja en manos de los tribunales el suceso que en 1980 ensombreció la historia de Guatemala: el jueves 31 de enero, 37 personas murieron carbonizadas en dicha sede diplomática.

Aún hoy existe controversia en relación a lo que desató el siniestro, pero lo certero es que el próximo 14 de octubre el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jeannette Valdés, conocerá en un debate el expediente número l980-00547, abierto el día del siniestro.

En este caso Pedro García Arredondo, exjefe del Comando Seis de la desaparecida Policía Nacional (PN), es el único procesado y es señalado de los delitos de asesinato, deberes contra la humanidad y asesinato en grado de tentativa contra los dos sobrevivientes del hecho: el campesino Gregorio Yujá Xoná, quien fue secuestrado y asesinado al día siguiente del siniestro, y Máximo Cajal, exdiplomático español.

Durante este debate el Ministerio Público presentará la declaración de 12 peritos, 33 testigos, 8 medios audiovisuales y  alrededor de 200 documentos. La información refiere que el diplomático español y la Premio Nobel de la Paz testificarán ante el Tribunal.

LE TOCA A LOS TRIBUNALES

Menchú, quien está constituida como querellante adhesiva en el proceso penal por la muerte de su padre y 36 personas más, considera que luego de tres décadas de esperar justicia es el turno de que los tribunales hagan su papel.

“La masacre de la Embajada de España es parte integral de la memoria de tantas víctimas, de la memoria del genocidio, de los crímenes contra la humanidad que se cometieron en Guatemala; es por eso que conmemorar el 31 de enero es hacer un resumen de 33 años de violencia que se ha vivido en el país, y hacer un homenaje a la verdad de las víctimas”, manifestó al ser entrevistada por La Hora.

De esa cuenta dijo que la recopilación científica, escrita, de las evidencias de los crímenes de Guatemala forma parte de los diez años de investigación que resguarda la Audiencia Nacional de España.

Por otro lado agregó que el suceso donde su padre murió interrelaciona el genocidio en este país, y que esto se evidencia en el expediente del caso; sin embargo, mencionó que ve debilidades en la tipificación del delito imputado al único procesado.

“No se está juzgado como delitos de lesa humanidad, sino como asesinatos. Nosotros, la familia Menchú Tun realmente nos da lo mismo cuál sea la figura del delito, porque estamos recuperando el expediente de 37 personas más, es decir un juzgamiento por 37 veces, por la cantidad de gente que murió”, refirió.

La lideresa indígena también manifestó que todo lo actuado dentro del caso demuestra que no buscan venganza, que no hay odio detrás del juzgamiento, sino que el hecho de acudir a un tribunal evidencia la capacidad institucional y constitucional de entender el derecho.

Menchú enfatizó que el Ministerio Público es quién tiene en sus manos el proceso, ya que su familia, como deuda, ya hizo su parte al llevar el caso a un tribunal.

“Nuestra responsabilidad es que la lista de personas víctimas, y cada uno de sus familiares estén en el expediente. El que tiene que hacer su trabajo es el sistema legal guatemalteco, nosotros hemos cumplido con colaborar por todos los medios”, acotó.

La Premio Nobel de la Paz en 1992 expresó que su familia busca que se cumpla su derecho a obtener un resarcimiento digno, que en primer lugar significa la acreditación de la verdad.

“Hemos demostrado que somos dueños de nuestra verdad, y es indiscutible. Que haya justicia, que se castigue a las personas responsables de estos crímenes para que nunca más vuelva a ocurrir y que ningún guatemalteco alguna vez sea víctima de una quema masiva de personas inocentes”, concluyó.

LO BUENO Y LO MALO

José González Yos fue una de las víctimas del siniestro. Su hermano Francisco González, aún miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC), recuerda a Chepe, como solían llamarle, como una persona que se caracterizaba por tener un carácter solidario y que desde temprana edad desarrolló un fuerte sentido social. 

“De muy pequeño mi hermano comenzó a trabajar en las fincas y allí se dio cuenta de la gran explotación que sufrían los hombres y mujeres, las familias enteras que bajaban del altiplano. Yo pienso que por todo eso se fue organizando dentro del CUC”, cita Rafael en un relato publicado en el libro “Porque queríamos salir de tanta pobreza. La memorable historia de Santa Lucía Cotzumalguapa contada por sus protagonistas”.

Rafael recuerda que su hermano fue parte de la organización de la acción que se realizaría en la Embajada de España, donde pretendían ser escuchados por las autoridades para que supieran, actuaran e investigaran ante las masacres, asesinatos, y represión militar que estaban ocurriendo en los municipios de Quiché.

Sin embargo, ese 31 de enero de 1980 las cosas no salieron como se imaginaban, las voces de los campesinos no fueron escuchadas como se esperaba: “Escuchamos en la radio que la Policía y el Ejército habían tomado la Embajada y le habían prendido fuego. Fue algo muy triste y muy doloroso, no podíamos creerlo”.

“Un día antes estábamos reunidos y ahora estaban muertos los compañeros. Fue muy duro, nunca nos imaginamos que eso fuera a terminar así; todos estábamos consternados, asustados y no hallábamos qué hacer”, recuerda en la publicación.

Al asimilar la noticia la familia González se derrumbó. Emilia Sequén, la esposa de José, fue una de las más afectadas, por lo que considera un milagro que todos sus sobrinos estén vivos, y refiere que fue gracias a la fuerza de su madre.

“Esto es lo que puedo contar sobre mi hermano José y su familia. Para mí fue un gran ejemplo de lucha. Luchó por sus ideales y dio la vida por ello. Él estaba muy consciente de lo que le podía pasar”. De esa forma concluye su relato en el libro.

Por último Rafael dijo a La Hora que el suceso significó para su vida un vacío y un levantar de conciencia. Transcurridas estas décadas aún se quiebra su voz cuando recuerda a su hermano y la forma en que murió, pero reconoce que el siniestro lo impulsó a él y a otros pobladores de Quiché a continuar con su lucha para que se detuvieran los abusos contra la población indígena que quedó en medio de la guerra.

SIN LUGAR PARA LAS FLORES

En el libro también Emilia recuerda el suceso: “A la edad de 18 años yo me uní a mi esposo José Yos. Recuerdo que él se organizó en el CUC allí mismo en la aldea de Miriam, allí llegaban los compañeros, hacían las sesiones y organizaban sus actividades. “Me recuerdo que platicaban mucho sobre la situación de pobreza, hablaban del trabajo tan duro en la caña, hablaban de buscar algunas soluciones”, relata.

Ella manifiesta que cuando supo que su esposo había muerto en la Embajada junto con las personas de Quiché se sintió morir.

“Sentí que se me derrumbaba el mundo. Se me juntaban todas las ideas: mi esposo muerto, mis hijos sin su papá, yo embarazada, cómo íbamos a sobrevivir sin él. Yo estaba demasiado triste y fue muy duro el no haber podido ir a verlo por última vez. Él había sido un buen hombre y no se merecería lo que le habían hecho ni a él ni a todos los que allí habían muerto porque como él siempre decía era una lucha justa la que ellos estaban llevando”, afirmó.

Emilia aunado al dolor de la muerte de su compañero también tuvo que vivir sin la posibilidad de visitarlo en un lugar digno, ya que nunca tuvo la oportunidad de enterrarlo.

“A mi esposo lo enterraron junto con los otros que murieron en la Embajada de España en el Cementerio General en la capital, pero no sabemos dónde está. Nunca hemos ido a ponerle flores ni velas o por lo menos a decirle que su lucha fue justa y que fue un gran ejemplo para sus hijos y para todos los que soñaron con un mañana mejor”, lamenta.

Todo esto que pasó marcó su vida y la de sus hijos para siempre, manifestó ya que se quedaron sin el apoyo de nadie y viviendo una gran pobreza: “Yo volví al trabajo del campo en las fincas, a mis hijos no les pude dar estudio, me entristecía porque ellos no tenían la culpa de nada”.

Por último aseguró que no olvidarán la lucha que durante muchos años llevó a su esposo a organizarse e incluso a perder la vida.

“Duele mucho recordar pero es necesario porque las cosas o las situaciones que se vivieron no se pueden olvidar. Ellos también fueron personas que lucharon porque tenían un sueño y querían algo bueno para todos”, concluye.

LAS PRUEBAS CUENTAN OTRA HISTORIA

Las mismas pruebas del MP revelan que el siniestro ocurrido en la Embajada de España fue producto de las circunstancias, y no de una orden de las autoridades de ese tiempo.

Esa es la hipótesis de Moisés Galindo, abogado defensor de García Arredondo, que asegura que usará datos aportados por la Fiscalía para evidenciar la inocencia de su cliente.

Galindo también opinó que el caso ha sido “politizado”, lo cual crea una presión sobre los jueces que conocerán el juicio.

“Realmente, jurídicamente, existen suficientes evidencias que demuestran que fue planificado por el CUC, de ir a tomar como rehenes a personalidades del mundo académico y diplomático guatemalteco”, indicó.

También señaló que uno de sus principales argumentos en el juicio será que el haber lanzado miembros del Comité de Unidad Campesina una bomba molotov desde dentro de la sede diplomática, contribuyó a que el incendio se desatara.

Por otro lado, manifestó que dentro de este caso aún hay una serie de acciones judiciales pendientes de ser resueltas.

El caso por la quema de la Embajada de España es uno de los procesos que actualmente se están tramitando, con número de expediente más antiguo. Hace 30 años, en el lugar donde 37 personas carbonizadas eran sacadas del edificio un juez de paz se presentó y realizó la primera diligencia judicial del siniestro.

A esas anotaciones se han ido sumando folios con las actuaciones realizadas en el caso en estas tres décadas. El proceso llegará a su cúspide este año, cuando el próximo 14 de octubre las juezas Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y Eugenia Martínez resuelvan uno de los casos que aún hoy guarda interrogantes entre los involucrados.