Esta mañana en un programa radial hablaban de los Acuerdos de Paz y una periodista lanzó una queja puntual, diciendo que ahora hay más muertos que durante el conflicto armado. Es absolutamente cierto que hoy en dí­a vivimos bajo condiciones en las que muere más gente que la que perdió la vida en el conflicto, pero ello no es consecuencia únicamente de que somos una sociedad violenta y con una especie de cultura de la muerte, sino que el gran adeudo concreto y tangible de los acuerdos fue el fortalecimiento de la justicia y el fin de la impunidad.

Nunca hemos tenido un real estado de Derecho, pero durante la guerra el aparato estatal se preocupó por tejer el manto de la impunidad para proteger a los militares, policí­as y paramilitares que participaron en el conflicto. De esa cuenta toda la estructura del sistema de justicia, que incluye las fuerzas policiales, el Ministerio Público con su labor de fiscalí­a e investigación, y los tribunales encargados de aplicar la ley, fueron cooptados con la intención de garantizar impunidad a quienes en el marco de la confrontación recurrieron a la violencia, muchas veces en forma excesiva y desproporcionada.
 
  Tras la Firma de la Paz, era indispensable desmontar ese aparato de impunidad, pero nunca se hizo y, peor aún, muchos de los actores de la guerra emprendieron una carrera delictiva formando grupos de crimen organizado que controlaron el contrabando, el robo de vehí­culos y posteriormente se vincularon con protección al narcotráfico. Como conocí­an en detalle el funcionamiento del tejido de impunidad, lo usaron para su nueva actividad criminal e incrementaron el control de las instituciones, penetrándolas de manera prácticamente absoluta. Esgrimieron como pretexto institucional que tení­an que mantener ese control para asegurar que no hubiera represalias judiciales por los crí­menes de la guerra, pero en el fondo el esquema se puso al servicio de la corrupción generalizada.
 
  Precisamente el problema llegó a tal nivel que el Estado tuvo que recurrir a la ayuda internacional mediante la conformación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, experimento único en el mundo resultado de ese fenómeno también muy especial de un Estado en el que el crimen organizado se enseñoreó del aparato de justicia y de seguridad del paí­s.
 
  Los avances han sido lentos y escasos porque la dimensión de la tarea es inmensa. Por supuesto que la falta de castigo, de certeza de castigo, es un aliciente para que no sólo esas bandas de crimen organizado sino que cualquiera se sienta estimulado a delinquir y de esa cuenta surgen bandas de extorsión, de sicariato, de secuestro, de robos a mano armada para despojar a la gente de celulares, computadoras o vehí­culos y de cualquier otro tipo de delitos violentos, que operan con total y absoluta impunidad.
 
  La cultura de la muerte, que nos viene acaso desde la forma en que se colonizó el paí­s y nos ha acompañado siempre, se ve nutrida por el fenómeno de la impunidad que es general. Siempre ha habido impunidad para el cuello blanco, en un paí­s donde la justicia ha estado en pública subasta, pero el cáncer se propagó de tal manera que cualquiera se puede beneficiar de las debilidades de la estructura legal.
 
  Si con la paz pretendí­amos reducir la violencia en general, hay que decir que la Firma de la Paz fue una gran estafa porque al final fue una componenda entre el gobierno y la guerrilla para un cese al fuego cuyo resultado fue la inserción de la guerrilla en la estructura polí­tica del paí­s, con todo y partido, pero sin permitir el ataque a los problemas estructurales causantes del conflicto. Y, lo peor de todo, sin promover justicia si no apuntalando un sistema de impunidad que nos sigue teniendo de rodillas.