Los patrullajes de fuerzas combinadas, entre elementos de la Policí­a Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, continúan siendo ejercidos en el paí­s, pese a las crí­ticas y rechazo de representantes de la sociedad civil organizada.

Según analistas consultados, la instalación de destacamentos militares en zonas que fueron golpeadas durante la guerra interna, agravan la situación, ya que se siguen abriendo las heridas que no han sido sanadas.

Recientemente se anunció que en Playa Grande, Ixcán, Quiché, se abrirá la Sexta Brigada de Infanterí­a, lo que ha generado rechazo de parte de los pobladores de esta región, que, según los informes de esclarecimiento histórico, fue una de las más golpeadas de la guerra interna.

Byron Gutiérrez, vocero del Ejército, explicó que «la Brigada (de Ixcán) se está abriendo por una necesidad estratégica de recuperar los espacios que se perdieron por reducción de Ejército de Guatemala en 2004 y lo que se busca es que el Estado tenga presencia en todo el territorio de Guatemala».

DISFUNCIONAL

Sandino Asturias, analista de temas de seguridad, y miembro del Centro de Estudios de Guatemala, explica que el Ejército legalizó los patrullajes conjuntos con la PNC con el acuerdo 40-2000 aprobado durante el perí­odo de Alfonso Portillo, y analiza que, a nueve años de su vigencia, no se han tenido logros significativos de esa labor.

«Nuestra evaluación es que es un fracaso; la situación desde 2000 ha empeorado con creces y no ha servido para nada. Además, éste ha sido el único Gobierno que ha reinstalado destacamentos militares, lo que vemos con seria preocupación porque los problemas de seguridad no son de carácter militar, y menos está capacitado el Ejercito para enfrentar la situación», explicó Asturias.

El analista destaca, además, que los nueve destacamentos que el actual Gobierno ha instalado en distintas zonas de este paí­s, es donde hay menores í­ndices de violencia, lo que contradice el argumento que han utilizado para justificarlos, indica.

¿VUELTA A LA REPRESIí“N?

Juana Batzibal, encargada de incidencia polí­tica del Programa de Pueblos indí­genas, del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (Caldh), opina que las comunidades indí­genas donde han sido instalados destacamentos militares y acciones militares han exigido el retiro inmediato del Ejército ya que se está generando una criminalización del movimiento indí­gena, señala.

«En el área Ixil, hay de nuevo presencia del Ejército y son las comunidades las más afectadas y se está remilitarizando la zona; y eso con el fin de defender los interés de los grandes empresarios que operan en la zona», denuncia Batzibal.

La entrevistada explicó que las comunidades han solicitado al presidente ílvaro Colom el retiro del Ejército en esas zonas, pero que él ha sido «tajante en indicar que no lo retirará porque hay mucha violencia en esas regiones», y agregó que pidieron un informe porque «no es así­», indicó.

«En no menos de tres casos, estos destacamentos han sido instalados en lugares de represión del conflicto armado, lo que tiene un impacto negativo contra estas comunidades azotadas por la represión militar; además, se ubican en zonas de intereses económicos nacionales y transnacionales», enfatizó el ya citado Sandino Asturias.

Sin embargo, el portavoz del Ejército, Byron Gutiérrez, explicó que los destacamentos que se abrirán en zonas azotadas por la guerra interna, no son una estrategia de represión, sino de posicionamiento militar y estratégico.

«En ningún momento el Ejército busca polarizar (sic) con nadie», y que lo que pretenden es dar «complemente a planes estratégicos y polí­ticos de seguridad, nosotros no discutimos las órdenes, las cumplimos», enfatizó.

¿BENEFICIOS?

Respecto a la demanda de las comunidades respecto a que el Ejército está protegiendo intereses de grandes empresas, Barrientos respondió: «las fuerzas castrenses tienen 138 años de existencia y antes que surgiera cualquiera de esas empresas, ya estaba el Ejército y con presencia en todo el Estado, esa es la posición de una persona o dos y no de la generalidad, yo no le puedo dar respuesta a cada interrogante que tiene una persona», declaró Batzibal.

La activista de Caldh enfatizó que la presencia militar en las zonas más golpeadas por el conflicto armado recuerda el pasado. «Dan un panorama de muerte; además, aparte de los militares en la zona, hay aparatos clandestinos, paramilitares y de inteligencia. Ya no hay libertad de locomoción ni de reunión y a nivel psicológico la gente recuerda todo y vuelve a sangrar esa herida que nunca fue sanada», denunció.

Ante ello, Gutiérrez, vocero del Ejército, agregó que el destacamento militar de Ixcán tiene como función resguardar las instalaciones de la antigua Zona Militar número 22 y que la nueva unidad militar va operar por toda la Franja Transversal del Norte.