Estimaciones de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham, por sus siglas en inglés) apuntan que en el área metropolitana se comercializan productos piratas con un valor aproximado de US$363 millones, destinados en su mayoría al financiamiento de bandas del crimen organizado y terrorismo.
Carolina Castellanos, directora ejecutiva de AmCham, considera que el Estado pierde US$45 millones por concepto del impuesto al valor agregado que no se genera con el comercio ilegal, además de fuertes sumas en otro tipo de impuestos que tampoco se paga con la comercialización de productos piratas.
«Es muy difícil que una empresa se interese en invertir en Guatemala cuando ve que no se protegerán sus derechos», puntualizó Castellanos.