¡Qué tristeza!


Todos dicen que un sistema democrático debe de tener un Organismo Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial, que actúen de manera independiente y en cumplimiento de los mandatos que establecen las leyes.

Guillermo Castañeda Lee, Céd. R-19 No. 997, Teculután, Zacapa

Como están las cosas ahora, si usted tiene discrepancias con el Gobierno debe de tener cuidado de no cometer ni siquiera una infracción de tránsito, pues se puede ir a la cárcel, tal como parece ser en los tiempos actuales donde el Ejecutivo, manda las resoluciones que deben de emitir los jueces.

El caso más vergonzoso es el de un juez de Amatitlán que ordenó la captura de dos ejecutivos de la EEGSA, por que dos postes de esta empresa están ubicados en una propiedad privada, cuando lo simple, lo legal y lo correcto debiera ser fijarles un tiempo para que los quitara de acuerdo al grado de dificultad que esto representara. Un juez de por sí­ y ante sí­, no hubiera tomado una medida tan estúpida, salvo una orden superior y en este caso especí­ficamente del Ejecutivo.

Los que defendieron a la Comisión Nacional de Electricidad, lo hicieron de buena fe y basados en una trayectoria recta de quien la preside.

Al hacer estas apreciaciones nos olvidamos que los humanos son humanos y puestos con el salario, las prerrogativas, dietas, gasolina, viajes, gastos de representación, vehí­culos etc. de un cargo de esa naturaleza no lo van a encontrar a la vuelta de la esquina, por lo que más vale plegarse a las presiones del tí­o, que ser despedido, cambiando su estatus social inmediatamente.

El problema se lo voy a plantear diferente. Digamos que usted creyendo que un pedazo de pared es suyo y no es así­, el vecino lo demanda porque la usó no siendo suya, se espera que si su vecino tiene la razón, el juez le fije un plazo para dejar las cosas como debe ser. ¿Como verí­a que uno de esos seudo jueces que tenemos ordenara su orden de captura y el de su señora, inmediatamente? Es estúpido, ¿verdad?

Si es estúpido en su caso, igualmente estúpido es si se hace contra cualquier persona, aunque se reciban órdenes del Ejecutivo.