Evitando un subsiguiente trancazo, el 26 de febrero de 2003, en resolución de la Junta Monetaria 34-2003, se autorizó la fusión del Banco de Nor-Oriente S.A. con el Crédito Hipotecario Nacional. Por esta fusión, el Estado tuvo que recapitalizar al CHN en Q125 millones, monto que no es una pérdida sino una inversión y que comparado con los Q760 millones que se tuvo que erogar sólo en la intervención del Banco Empresarial demuestra la gran diferencia positiva que fueron las fusiones versus las intervenciones.
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Como lo indica el resumen circunstanciado de lo actuado por la Junta Monetaria en estas fusiones, el Crédito Hipotecario salió «como el mejor banco en materia de posición de encaje en el sistema» hecho que lamentablemente ninguno de los analistas económicos o de los medios de comunicación han publicado, lo que me hace pensar en la poca objetividad y buena fe con que se ha calificado públicamente la acción que evitó, no sólo esos dos grandes trancazos, que evitó ese «tsunami» arrasador que hubiera significado «la corrida bancaria» señalada y destruido por muchos años la total credibilidad del sistema bancario nacional. También evitó la incertidumbre, la vía judicial tan retardada y onerosa.
Los gobernantes no pueden sustituir la toma de decisiones por la inversión publicitaria para lograr una buena imagen personal. Un gobernante sabe que decidir es siempre un riesgo y su obligación es buscar, preservar el bien común, la estabilidad política, social y económica. Si el gobierno anterior, si la Junta Monetaria hubiera continuado dando adelantos bancarios, seguramente no se hubieran reformado las leyes monetarias, no se hubiera creado el fondo de garantía y el actual gobierno, por muy «simpático», muy apoyado por la supercúpula económica del país y por los medios propiedad de los mismos, no podría haber impedido el descalabro económico bancario nacional.
Antes de concluir el tema bancario, planteo al Congreso de la República, al Gobierno y a la opinión pública analizar si no se está ocultando a la población otro trancazo más. El Banco Uno, originalmente creado ?sobre los escombros de lo que fuera un banco internacional? por empresarios guatemaltecos, dentro de los cuales se encontraba ílvaro Castillo Monge, ex Presidente de la Cámara de Industria; con el apoyo jurídico del bufete de Arturo Soto Aguirre, ex Ministro de Gobernación del actual gobierno y ex socio de bufete del actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Juan Luis Florido, que posteriormente se convirtiera en una inversión predominantemente de nicaragí¼enses, debe asumir su gran responsabilidad en los fideicomisos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, previo a ser vendido a un poderosísimo banco internacional.
El Banco Uno, consta en los diarios de sesiones de la junta directiva del Seguro Social, fue el facilitador técnico bancario a través del cual se crearon los fideicomisos tan mencionados y tan criticados, donde se invirtió el patrimonio del seguro social.
Ningún fideicomiso puede crearse si no es a través de un banco, el banco recibe ventajas y comisiones económicas, también sus ejecutivos, el banco es el responsable de notificar a la Intendencia de Verificación (IVE) cualquier operación sospechosa, especialmente si son fondos del Estado, es por eso que para evitar cualquier trancazo presente o futuro, previo a la venta del Banco Uno, la Junta Monetaria debe de exigir la total recuperación de los fondos del IGSS o la garantía y aval de forma ilimitada por el Banco Uno o el City Bank, por la totalidad de los fideicomisos del Seguro Social. Por ello, la Junta Monetaria, el IGSS y el Gobierno deben requerir, como condición previa a autorizar la venta, que se garantice la recuperación de la totalidad de los recursos de estos fideicomisos, monto que no implica ni siquiera el 10% de las utilidades que los accionistas del Banco Uno tendrían que comprometer.
Continuará.