En el gobierno del que fui parte, el sistema bancario de Guatemala lo recibimos con graví­simos problemas provenientes de dos anteriores gobiernos. La falta de decisiones técnicas y polí­ticas habí­a costado en adelantos ya casi Q1, 600 millones.

Respondiendo a la pregunta hecha por grupos de análisis económico como ASIES a ¿qué hubiera pasado de no haberse actuado como se hizo por las autoridades monetarias y el Gobierno? los trancazos que se hubieran dado afectaban, por lo menos, a tres bancos que se hubiera tenido que intervenir, hecho que implicaba «el alto grado de probabilidades de una corrida sistémica por la desconfianza de los depositantes». Además hubiera creado «un escenario de un retiro anormal de sus depósitos. Haciendo un escenario de un retiro del 15% de sus depósito, habrí­an cerca de 7 bancos, que se consideraban sanos, que no estarí­an en capacidad de atender este retiro masivo» a pesar que ya existí­a el fondo para la protección del ahorro, pero el mismo no contaba todaví­a con la capitalización que permitiera paliar esas graves circunstancias. Por consiguiente, la respuesta era una sola: actuar como se actuó o quebrar el sistema bancario nacional.

Con una creatividad nunca antes implementada, los técnicos financieros del sector público plantearon al gabinete económico que conforme a la nueva ley orgánica del Banco de Guatemala (artí­culo 63, decreto legislativo 16-2002) evaluáramos la fusión del Banco del Ejército y no la intervención, decisión que conllevarí­a no sólo ventajas en cuanto a la seguridad bancaria, sino evitarí­a una nueva intervención, nombrar una junta interventora que costarí­a millones y varios años de proceso legal con la incertidumbre e incidentes que jurí­dicamente conllevaba y, más grave aún, un costo financiero para el Estado y sus contribuyentes; mientras que la fusión, su principal costo era para los accionistas del banco que perdí­an la totalidad de su patrimonio accionario como consecuencia de todos sus errores administrativos y financieros.

La Junta Monetaria, en sesiones celebradas el 21 y 27 de noviembre de 2002, conoció la solicitud para autorizar o denegar la fusión por absorción del Banco del Ejército S.A. por el Crédito Hipotecario Nacional, autorizando la misma por la totalidad de sus miembros, salvo uno. Ningún cuentahabiente se vio perjudicado y como consecuencia de esta fusión se constituyó un fideicomiso con los activos, con los activos negativos, quedando como beneficiario el Instituto de Previsión Militar, lo que daba en una operación ?entre activos y pasivos? un resultado cero. El Crédito Hipotecario Nacional asumió los activos y pasivos que se encontraban limpios, fortaleciendo así­ al CHN con una serie de ventajas y economí­as de escala beneficiosas para esta institución (Lo indicado puede comprobarse y ampliarse en el documento público Resumen circunstanciado de lo actuado por la Junta Monetaria)

Continuará.