El trago de intervenir era amargo. Nos preocupaba esa posibilidad y que un grupo de personas tan conocidas y cercanas a la supercúpula económica hubiese obrado y colocado al banco que fundaron en ésa precaria y comprometida situación. Previniendo, decidimos solicitar urgentemente el diagnóstico del Banco Empresarial S.A.; la información que existía y que inexplicablemente no se había hecho pública por los medios de comunicación social, señalaba que el banco estaba grave.
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El diagnóstico señaló que se le habían otorgado sobregiros en cuenta de encaje repetidas veces: por Q14 millones, Q76 millones, Q77 millones y así diferentes montos. En total, los adelantos de reestructuración financiera fueron de Q200 millones que recibieron hasta enero de 2000. Además habían captado recursos de entidades del Estado por Q410.4 millones.
Recordemos que dentro de la junta directiva del Banco Empresarial, además de las personas ya mencionadas, se encontraba el ingeniero Víctor Suárez (ex directivo de la Cámara de Industria, ex representante de CACIF en la Junta Monetaria y ex presidente del IGSS); así como una hermana de Marco Tulio Sosa Ramírez, lo que les permitía mucho peso político y empresarial.
Otro aspecto que afectaba su liquidez era que del total de inversiones temporales que poseía de Q95.4 millones, Q49.1 millones correspondían a acciones de empresas comerciales que formaban parte del aporte a capital realizado el 30 de noviembre de 1999 del Grupo de Inversiones Pro S.A. y de las inversiones del Grupo de Inversiones Pro Guatemala S.A., mismas que se consideraban de difícil realización.
La cartera de créditos, al 31 de enero de 2001, ascendía a Q703.3 millones, de los cuales Q363.4 millones correspondían a cartera crediticia vinculada o relacionada a sus accionistas; de estos Q193.3 millones tenían reserva de valuación del 100% por dudosa recuperación y estaban pactados a una tasa de interés cero, algo completamente inusual. Además Q128.8 millones tenían una tasa del 15 por ciento anual, pagaderos semestralmente, lo cual no les permitía obtener recursos frescos que les ayudaran a superar los problemas de liquidez o a tener rentabilidad. (Datos públicos oficiales).
Pasaron los 90 días, para nuestra decepción, en lugar de cumplir con lo ofrecido, incrementaron los retiros en más de Q60 millones, además pagaron una enorme supuesta consultoría por Q23.1 millones, hechos adicionales que implicaron que el 8 de febrero de 2001 la Junta Monetaria, por recomendación de la Superintendencia de Bancos, procediera, en aplicación del artículo 71 del Decreto 215, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a intervenir ésta institución bancaria que había presentado problemas en su posición mensual de encaje en los dos últimos años, en 12 meses distintos; es decir, había tenido desencaje en febrero, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999; en febrero, agosto, noviembre y diciembre de 2000; así como enero de 2001.
Continuará