Si se le pregunta a una madre: ¿Qué quisiera usted para su hijo: que coma, que vaya a la escuela o que tenga salud? La respuesta más común de las madres en el área rural es: ¡Que tenga todo! ¡Que tenga salud, comida y educación! Por supuesto, un ser humano no puede anhelar menos que eso: una vida digna. Lo mismo responderíamos en el área urbana. Esa respuesta nos refiere a la integralidad del desarrollo rural. El desarrollo es integral cuando se van mejorando progresiva y permanentemente todas las condiciones de vida. No sólo una. Poco a poco pero seguro. Esta conceptualización del desarrollo es la base y fundamento de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, aprobada por acuerdo gubernativo 196-2009 del 13 de julio de 2009 y de la iniciativa 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural integral.
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La Política no cuenta hasta ahora con los recursos financieros, a pesar de que han transcurrido siete meses desde su aprobación. Me parece un grave error estratégico de parte del gobierno que teniendo este instrumento técnicamente bien logrado, no lo eche a andar. Esta política es el marco general en donde los programas de Cohesión Social dirigidos al área rural pueden encontrar remedio a sus deficiencias respecto a su carácter asistencialista y a los reclamos de la oposición que los califica como clientelismo político.
La política no sólo aborda temas productivos, sino contiene diseños de política en los ámbitos laboral, ambiental, agrario, la nutrición, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la salud, la educación, la reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgos. Allí reside su condición de integral. Todos los sectores que trabajamos por mejorar estos aspectos de la vida, debemos conocer y apoyar la implementación de la política. Las organizaciones comunitarias, los COCODES, COMUDES y CODEDES, las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, los empresarios rurales, las autoridades y funcionarios de cada uno de los ministerios, los gobernadores y alcaldes; es decir, todos y todas podemos encontrar en este instrumento una guía sólida y un pilar para emprender un accionar conjunto por el bien de la población.
Un avance importante son los pasos dados en esta dirección por la estructura del Consejo Departamental de Desarrollo de Petén. Los miembros del consejo, incluido el gobernador, conocen y están dispuestos a implementar la política. Estas autoridades y organizaciones sociales peteneras han discutido los contenidos en un contexto democrático a nivel regional. Un digno ejemplo a seguir en todas las regiones del país.
La implementación de la política es urgente. No es un tema sólo de beneficio para las y los habitantes del campo. Al estimular las economías campesinas, el conjunto de actores nacionales se verán beneficiados al incrementar el consumo de bienes y servicios. Y podemos tener por seguro que los índices de salud, nutrición, educación y calidad de vida hasta hoy tan negativos para el país, irán mejorando tangiblemente en el corto, mediano y largo plazo. Es una tarea de país, de la integralidad de la sociedad guatemalteca. No esperemos que sucedan catástrofes o emergencias como las del Corredor Seco para ver hacia el campo y vernos reflejados en sus habitantes.
Además de implementar esta política, es imprescindible aprobar la ley de desarrollo Rural integral que ya tiene dictamen favorable firmado por doce diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso. La Ley dará garantía de continuidad a la estrategia nacional de Desarrollo Rural. ¡Vamos señores y señoras diputados, no defrauden al pueblo en este momento de oportunidad para todos!