Lo que es indispensable en medio de esta situación nacional en donde el 51 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, y de ella el 15.2 por ciento en pobreza extrema, es la implementación de una polí­tica fiscal que garantice una justa distribución de la riqueza.

Empecinados en mantener al paí­s en «trapos de cucaracha», los empresarios ponen a funcionar toda su maquinaria mediática para que la voz en contra de cualquier iniciativa que les obligue a gravar sus millonarias ganancias sea la única que se escuche. Así­, tanto en la abundancia como en tiempos de vacas flacas, ningún momento es pertinente para hablar de incrementar la carga impositiva.

Han dicho «no» a la pí­rrica propuesta de reforma fiscal planteada por el actual gobierno e hicieron el mismo berrinche de siempre: somataron la mesa y amenazaron con no seguir en el diálogo, tan seguros de sí­ mismos gracias a sus cuentas millonarias. Así­ lo han hecho otras veces, en nombre de la seguridad de la inversión han obstaculizado y destruido propuestas que ofrecen una alternativa a sus imposiciones.

¿No resulta ridí­culo que cuenten con un espacio de diálogo al más alto nivel únicamente por la representación que tienen sobre el dinero? ¡Sólo un sistema económico, polí­tico y social tan burdo como el actual puede otorgar mayor importancia a los voceros del capital y no a lí­deres de organizaciones sociales que hablan en nombre de miles de personas!

«La debilidad del Estado guatemalteco es consecuencia de su poca capacidad de movilización de recursos tributarios -asegura el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008, Guatemala: ¿Una economí­a al servicio del Desarrollo Humano?-. Las explicaciones sobre esta debilidad trascienden el ámbito económico: en efecto, varios estudios al respecto revelan que, de acuerdo con la estructura económica y el nivel de ingreso per cápita, entre otros, en Guatemala se tributa por debajo del potencial productivo».

Si bien es cierto que la actual propuesta de reforma fiscal no es más que un nuevo paliativo para garantizar el financiamiento del Presupuesto Nacional, no se debe pasar por alto el doble rasero del sector empresarial al rechazar cualquier tipo de Reforma Fiscal progresiva y proponer el aumento del Impuesto del Valor Agregado (IVA).

Mientas el CACIF difunde a través de sus intelectuales orgánicos su discurso antisocial en contra del fortalecimiento del Estado por medio de una carga impositiva ajustada a los principios el Pacto Fiscal y los Acuerdos de Paz, propone aumentar el impuesto que afecta directamente a la población y el que es más fácil de evadir. ¿Así­ buscan el desarrollo del paí­s?

Aunque la palabra solidaridad ha sido «quemada» por el actual Gobierno, no cabe duda que este principio de convivencia social es poco practicado por la cúpula empresarial guatemalteca. Por supuesto que la voz del empresariado, de las personas que tienen capacidad de inversión, es importante para alcanzar acuerdos nacionales. Sin embargo, con la calidad de interlocutores que ofrece el capital nacional, de veras que poco se puede dialogar y esperar. ¿Por qué seguir dándole vueltas al asunto al intentar alcanzar acuerdos sociales en materia fiscal con los más reacios detractores del desarrollo del paí­s?