Julia perdió a su hermana mayor y a su padre, cuando tení­a 12 años. Estuvo cuatro años refugiada en las montañas, librando las persecuciones de las que fue objeto por parte del Ejército. Su aldea, Xesigua, en Rabinal, Baja Verapaz, fue objeto de la violencia durante el conflicto armado interno.

Julia Cortez habita ahora en la comunidad Piqueq, del mismo departamento; uno de los más maltratados durante la guerra, que duró más de tres décadas.

Ella dice que no quiere que vuelva el pasado. Se refiere a la reciente reapertura de una base militar en el departamento de Izabal, lo cual percibe como un presagio para que la presencia castrense retorne a sus comunidades.

«No me gusta ver la ropa de los soldados, porque ellos siempre nos han golpeado y quitado nuestros seres queridos», manifiesta.

La sobreviviente del enfrentamiento armado es miembro de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), por lo que por medio de la organización han recolectado firmas para pedir a las autoridades locales que no se acepte la llegada de soldados a esa zona.

Julia afirma que el documento con las rúbricas fue entregado al alcalde municipal Julio Solano, quien representa al partido oficial, sin embargo, no han tenido eco.

«Ahora están volviendo los soldados y tenemos temor, porque siempre les hemos tenido miedo y su regreso nos da mucho en qué pensar», declaró.

Criminalización

Mario Minera, de la Convergencia de Organizaciones de Derechos Humanos, expresó su preocupación por el restablecimiento militar en la Franja Transversal del Norte (FTN) (Izabal, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Petén).

Minera afirmó que «de nuevo se está señalando a la población de esa región, de estar ligada al narcotráfico y se le marca como el obstáculo para su persecución».

A criterio de la analista Iduvina Hernández, el combate a este flagelo no se resuelve con el redespliegue militar en determinadas zonas del paí­s.

«Si bien hay una fuerte presencia de estructuras del crimen organizado, en estos lugares, se le debe combatir con labores de inteligencia policial, con vistas a capturar y desarticular tales estructuras», consideró.

Recientemente varios alcaldes pidieron que se abrieran destacamentos en sus comunidades. Los jefes ediles pertenecí­an a los departamentos de Jalapa, Quetzaltenango, Alta y Baja Verapaz.

Según el vocero del Ejército, Jorge Ortega, la institución tiene efectivos en el destacamento de Rubelsanto (FTN); San Fernando, Cobán en Alta Verapaz; la Brigada de Artillerí­a, en Salamá, Baja Verapaz; dos resguardos en Quiché: en Playa Grande y en Nebaj, mientras que en Santa Cruz hay un destacamento.