Dentro de las variadas deformaciones del debate político en Guatemala se identifica el uso indiscriminado del término modelo, el cual supone los «conjuntos de procesos sociales y de producción dictaminados por el Estado que buscan asegurar la mejor relación posible entre las empresas y las economías domésticas, los principales participantes de la actividad económica». Por modelo me refiero a las características más relevantes que describen el contexto económico y político determinado por un gobierno. Y aunque el uso del término facilita la transmisión de ideas, por lo menos eso debería de suceder, también presenta problemas que valen la pena ponderar. Traigo esto a colación, como consecuencia del inicio del análisis del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, porque precisamente el presupuesto es la expresión numérica de las decisiones políticas del «modelo» económico del gobierno.
Diputado Unionista
Sin embargo, dentro de los muchos problemas que genera el uso indiscriminado del término, en particular por parte de los funcionarios públicos, deseo concentrarme en el alcance del mismo, porque en él subyace la incapacidad del término modelo de acoger la compleja estructura económico-política vigente en el país. Por ello, y esto cuesta comprender, que debemos estar conscientes de lo que se asume al reducir la vasta estructura de variables que componen un «modelo» a un solo término -sea neoliberal, socialista, socialdemócrata, solidario, estatista o cualquier otro-, reducción que termina constituyéndose en absurda.
Otro problema es el historicismo del modelo, y me refiero por ello al problema que surge al identificar una estructura de políticas bajo un sobrenombre que identifica los limitados ajustes que son capaces de producir los gobernantes o funcionarios políticos a lo largo su mandato, que cómo máximo en este país ha sido hasta la fecha de 4 años. Esto es: el modelo económico vigente, en cualquier realidad estudiada, es la resultante de políticas establecidas hace años, ajustadas por los distintos gobernantes en cada periodo político, de tal forma que el resultado actual no es un modelo específico, sino la mutación o evolución -con avances y retrocesos- que decantan en una mezcla de mayor o menor grado de cada mote que describa el actual proceder.
Está también el problema de la identificación del origen del modelo. Es intuitivo, al hablar de un modelo, homologar al mismo con el mandatario de turno, alimentando con ello la inexacta creencia que el «modelo» imperante es el resultado de las acciones concretas y específicas del mandatario en cuestión, cuando -como se ha visto- a lo mucho es responsable de los ajustes que -sobre el complejo equipaje de normas e instituciones que provienen de gestiones anteriores- ha realizado.
Así las cosas, tildar a determinado proyecto como «neoliberal», «socialista», «solidario» u otro adjetivo es, por decirlo menos, un penoso, y con frecuencia jocoso, ejercicio de simplificación y generalización que debe ser matizado. Es cierto que puede ayudar a reducir ciertos proyectos a un solo mote, y de hecho no sólo se puede criticar el ejercicio -ya que puede facilitar y economizar la transferencia de información-; empero, el informado debe estar consciente de los alcances del término.
Concluyo con la advertencia a los gobernantes de turno, maquillar sus intenciones políticas, con motes demagogos, no sólo es una irresponsabilidad, sino un interés burdo, por ocultar el mercantilismo político, en lo que se ha convertido el presupuesto del Estado.