Después de lo que pasó con el asesinato de tres diputados del Parlamento Centroamericano y su piloto a manos de agentes de la Policí­a Nacional Civil que creyeron que se trata de narcotraficantes (según sus propias palabras antes de ser a su vez ejecutados en el interior de El Boquerón), es inaudito que el Presidente ponga en tela de juicio el informe del relator de la ONU. Todo el mundo, hasta los más ciegos, tienen que reconocer que Guatemala tiene un serio problema porque sus fuerzas de seguridad ejecutan a delincuentes en lo que se conoce mundialmente como limpieza social.

Puede cuestionarse si esa práctica, que no puede ponerse en duda, es producto de una polí­tica dispuesta por los más altos niveles de decisión del paí­s o si es simplemente la contaminación y el desastre que hay en la policí­a. El mismo informe de Alston concede el beneficio de la duda al gobierno, al decir que no se puede establecer plenamente que sea producto de una polí­tica de Estado, pero la reacción del Presidente, al demandar pruebas, lejos de hacerle un bien a su gobierno da la impresión de que en las más altas esferas hay decisión de «apachar el clavo» en vez de sacarlo de una vez por todas.

Este momento serí­a propicio para que el Presidente pidiera el concurso de la comunidad internacional para realizar la costosa y difí­cil depuración de nuestros aparatos de seguridad. Al menos una oportunidad para pedir buenas asesorí­as que nos permitan estructurar fuerzas del orden sanas y comprometidas con la justicia y la ley. Pero en vez de eso, la reacción del Presidente, cuando para todo el mundo está absolutamente demostrado que existen en las estructuras de la PNC escuadrones de la muerte como el comandado por el oficial Herrera, nos coloca en posición de suponer que el licenciado Berger no quiere reconocer la gravedad de la crisis, la profunda dimensión de nuestros males y lo difí­cil que se presenta el futuro.

Si el Presidente a estas alturas de las pruebas y evidencias, todaví­a rechaza la posibilidad de que existan escuadrones de la muerte en la Policí­a Nacional Civil, olvidemos cualquier posibilidad de que ese problema sea resuelto mientras dure su mandato porque para resolver un problema lo primero es admitir su existencia y por lo visto el mandatario no está dispuesto a reconocer hasta qué punto están contaminadas nuestras fuerzas policiales.

¿Hará falta que maten a otros diputados para convencer al Presidente o que se produzcan otras ejecuciones de «alto impacto»? Porque ejecuciones de bajo impacto ocurren todos los dí­as y a lo largo y ancho de la geografí­a patria. Han sido tantas que eran ya prueba contundente para demostrar la existencia de limpieza social en el paí­s. Pero para los que todaví­a tení­an una venda en los ojos o para quienes deliberadamente querí­an ocultar esa dramática realidad, el crimen de los diputados fue lapidario porque desnudó la forma en que operan los policí­as cuando reciben informaciones sobre delincuentes, reales o supuestos. A estas alturas, creo yo, sólo el Presidente puede pedir más pruebas cuando el techo se le está cayendo encima.