Si queremos entender por qué es que nos metimos en un soberano embrollo legal que parece no tener salida, es bueno que se proceda a un sano ejercicio de autocrítica que debiera empezar con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, puesto que si ellos vuelven a leer todas las resoluciones que han adoptado en el caso del juicio por genocidio, seguramente que verán el origen del enredo en la muy escasa claridad de sus actuaciones, en la forma alambicada en que redactaron decisiones que crearon enorme confusión en los administradores de justicia que tenían que implementar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad.

Supongo que ese lenguaje tan poco claro y extremadamente confuso es resultado del esfuerzo por emitir resoluciones que parecieran más o menos balanceadas en medio de un mar de polarización como el que se vivió en Guatemala. En algunos casos, sin embargo, parece como si a falta de argumentos sólidos para respaldar una línea de acción, se usó lenguaje medio críptico para no quedar en evidencia. Sea cual sea la razón de eso, lo cierto es que nuestro Tribunal Constitucional, llamado a ser la luz y guía en materia del entendimiento y protección de las garantías individuales y de la supremacía de la ley, ha sido causante del embrollo que estamos viviendo en la actualidad.

Si cada una de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad hubiera sido una especie de cátedra para que hasta los profanos entiendan los derechos que se están resguardando y la forma en que debe hacerse, seguramente que hoy no tendríamos los niveles de confusión que hay. Hasta los magistrados de Sala y los jueces de Instancia demostraron su evidente desconcierto con algunos de los fallos que tuvieron que ejecutar porque no quedaba en absoluto claro el sentido de los mismos. Y eso es penoso cuando se trata de un tribunal que puede ir sentando jurisprudencia con la sucesión en el mismo sentido de varios fallos. La verdad es que de la lectura de algunos de los emitidos uno no puede suponer que algún día emitan algo similar y con un lenguaje tan retorcido y poco claro.

Con respecto a la última decisión tomada sobre el proceso por genocidio, cuando dejaron sin efecto la sentencia y devolvieron las actuaciones a fecha previa, tuvo que salir el magistrado ponente de la resolución a explicarla públicamente para que lo entendiera la gente porque, según sus mismas palabras, hubo muchas “malas interpretaciones”. En cambio, no hubo ninguna mala interpretación de los votos razonados en contra de la decisión final e inapelable, porque los que los escribieron sabían exactamente lo que querían comunicar y cómo hacerlo. Es muy corriente que cuando uno no sabe cómo decir algo, por la razón que sea, se enrede y use palabras y términos confusos, posiblemente para no evidenciar su propio desconcierto y falta de fundamento para la argumentación de mérito.

En Guatemala nos hace falta recorrer mucho camino para hablar de un auténtico estado de Derecho en el que la majestad de la ley esté fuera de cualquier tipo de duda. Llevamos siglos, literalmente hablando, de vivir en medio de un régimen de manoseo de las normas para que siempre sirvan para proteger a los poderosos o privilegiados por los regímenes de turno y para castigar severamente a los débiles o a los enemigos de esos regímenes. En ese sentido la función de la Corte de Constitucionalidad no sólo es la de defender el orden legal y las garantías constitucionales (en materia de amparo) sino también en formar a la opinión pública y para ello sus resoluciones tendrían que ser un dechado de claridad para ayudar a educarnos a todos en el respeto y sometimiento a la ley.