Después de la última depuración que efectuara el Ministerio de Gobernación, la suma de destituidos es de más de dos mil 514 efectivos. Fue esta la cuarta depuración masiva de la Policí­a Nacional Civil que se concreta en los últimos seis meses.

Entre los delitos que se les señala se encuentran: portación ilegal de arma o utilizarla para cometer hechos ilí­citos; robo, extorsión, fraude y agresión. También hay policí­as acusados de asesinato, violación y secuestro.

La depuración ha tocado a todos los niveles de esa institución, incluidos los altos mandos, pues ya ascienden a 24 los comisarios destituidos, aunque el mayor número sigue siendo de agentes.

Se estima que más de 727 agentes esperan sentencia, justicia que va a paso lento en la depuración de la institución de la Policí­a, ya que los tribunales ordinarios y los disciplinarios de esa institución tienen pendientes las sentencias de agentes que están suspendidos por haber cometido delitos, durante su horario laboral o fuera de él.

En los registros de personal de la Policí­a Nacional Civil (PNC) aparecen identificados como «en situación especial», un eufemismo apropiado para no reconocer, por escrito, que están a disposición de los tribunales, por haber cometido delitos.

Sin condenas

No todos los policí­as procesados en los tribunales recibieron condena; hay numerosos casos en los que los agentes salieron libres, por falta de mérito, clausura provisional o sobreseimiento.

Una de las razones es la debilidad en las investigaciones. En este aspecto influye la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la PNC, que presenta las denuncias al Ministerio Público (MP).

Sin embargo, los fiscales tienen un trabajo difí­cil para comprobar la culpabilidad de los policí­as, ya que en la mayorí­a de los casos se deben basar en las pruebas que aportan otros agentes o en el testimonio directo de la ví­ctima.

La ORP recibió mil 653 denuncias contra policí­as. La incapacidad de atender esas quejas es tan evidente que se dan casos de policí­as que seguí­an en planilla a pesar de tener órdenes de captura pendientes. En el proceso de registro digital de los datos personales de los agentes, la ORP ya descubrió a tres con órdenes de aprehensión sin ejecutar.

«Hay policí­as que en su perí­odo de suspensión se han ido del paí­s o han desaparecido. Muchos pueden estar trabajando en empresas de seguridad privada», relató Faustino Sánchez, vocero de la PNC.

Una de las estrategias usadas en la Policí­a para dar de baja a los agentes corruptos es «ponerles trampas». Una vez fundamentada la investigación, la ORP intenta capturarlos en el acto, como sucedió con los que participaban en el robo de furgones de gasolina.