Qué hacer con las maras


Unos pandilleros recluidos en una cárcel, muestran sus tatuajes y sus señas de identidad. En un reciente seminario, se criticó el uso de medidas represivas, más que preventivas, en el combate contra las maras.

La Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ) exhortó a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua a que impulsen programas de «prevención» y no de «represión» para contrarrestar el creciente fenómeno de las pandillas.

Gerson Ortiz
lahora@lahora.com.gt

Jannet Aguilar, directiva de la organización, declaró en medios internacionales que continúan insistiendo que «sin prevención no hay solución»; por lo que solicitan más programas que atiendan a los jóvenes en riesgo de caer en pandillas.

La activista aseguró que el enfoque de intervención gubernamental dominante en los últimos cinco años «ha sido el represivo, sin que sus resultados hayan mostrado eficacia para controlar la situación de inseguridad que viven los jóvenes», indicó, y agregó que las formas de violencia que viven los jóvenes centroamericanos ha aumentado y se han hecho más compleja.

Perspectiva

Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, opinó al respecto: «En Guatemala los programas para la prevención del delito existen de forma muy formal, pero no existen programas sustentados con una cobertura que permita responder a la problemática real de los jóvenes en situaciones de riesgo», declaró.

Para la analista, los programas impulsados por el Gobierno en relación a ese tema «han sido un fracaso rotundo».

La entrevistada criticó, además, la Unidad de Prevención del Delito de la Policí­a Nacional Civil (PNC), indicando que ésta «se ha venido debilitando debido a la falta de un compromiso de parte del estado para trabajar en las zonas con situación de riesgo», y añadió que «hace falta una polí­tica criminal, porque las polí­ticas de prevención no se han dado».

Nery Morales, vocero del Ministerio de Gobernación, defendió la vigencia del Programa para la Prevención del Delito de la PNC indicando que «se ha estado haciendo todo el trabajo de prevención comunitaria de violencia», declaró.

Morales anunció, además, que mañana a las dos de la tarde en la zona 18 se presentarán conclusiones y nuevos proyectos relacionados con ese programa.

Propuestas

Las organizaciones sociales que conforman la CCPVJ proponen un abordaje más amplio del fenómeno de las pandillas en Centroamérica, que privilegie la implementación de polí­ticas públicas integrales e inclusivas de prevención de la violencia juvenil, ya que el consideran que el discurso de los gobiernos, entre ellos el de Guatemala, ha sido moderado.

La CCPVJ demandó, también, impulsar reformas constitucionales en las áreas de seguridad y justicia que vayan orientadas a mejorar la investigación institucional respetando los derechos fundamentales de las personas.

Pandillas

Según un estudio elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de El Salvador, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua podrí­a haber más de 300 mil pandilleros.

Según estadí­sticas internacionales, en Guatemala existen 111 pandilleros por cada 100 mil habitantes, seguida por Nicaragua con 81, Costa Rica con 62, Panamá con 43 y Belice con 36. Honduras presenta la proporción más alta con 500 pandilleros por cada 100 mil habitantes, seguida por El Salvador con 180.

«Nosotros como Coalición seguimos insistiendo que sin prevención no hay solución, por eso pedimos más programas que atiendan a los jóvenes en riesgo de caer en pandillas».

Jannet Aguilar

de CCPVJ

«El enfoque de intervención gubernamental dominante en los últimos cinco años ha sido el represivo sin que sus resultados hayan mostrado eficacia para controlar la situación de inseguridad que viven los jóvenes. Al contrario, las formas de violencia que viven los jóvenes han aumentado y se han complejizado».

Comunicado la CCPVJ

«Para afrontar la violencia de pandillas hace falta un equilibro entre represión y prevención».

Ubaldo Herrera

Casa Alianza de Honduras

Honduras presenta la proporción más alta con 500 pandilleros por cada 100 mil habitantes, seguida por El Salvador con 180, Guatemala 111, Nicaragua 81, Costa Rica 62, Panamá 43 y Belice 36.