El Congreso de la República está por conocer el acuerdo que llevará el tema de Belice a una consulta popular y el Tribunal Supremo Electoral dice estar preparado ya para realizar ese ejercicio democrático que debe darse previo a que la cuestión quede sometida al conocimiento de la Corte Internacional de Justicia que emitirá un fallo definitivo e inapelable. Según declaración del mismo Presidente del Congreso, no han tenido ninguna comunicación ni con el Presidente ni con el Ministro de Relaciones Exteriores sobre el contenido del acuerdo y a ello agrego yo que, por supuesto, tampoco respecto a las expectativas que pueda tener Guatemala al someter el caso a esa jurisdicción.
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Algunos conocedores del tema de las relaciones exteriores han señalado que hasta en los tiempos de Jorge Briz, tan criticado por su falta de conocimiento del derecho internacional, la Cancillería parecía tener más presencia y peso de la que tiene ahora que está encomendada a economistas con muy escaso criterio de la política exterior. En el caso de Belice, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que haber puesto sobre el tapete lo que cree que puede obtener Guatemala en el caso de que el asunto llegue a la Corte Internacional y definiciones sobre quiénes serían los abogados expertos que tendrían a su cargo la representación de nuestro reclamo. No olvidemos que ya tuvimos una pésima experiencia cuando el asunto fue sometido a un proceso de conciliación y resultó que el conciliador propuesto por Guatemala terminó dando la razón completamente a Belice.
Con la información disponible al día de hoy no se puede tomar una decisión correcta en cuanto a lo que más le conviene al país y ello es resultado de la pobre comunicación que tiene la Cancillería guatemalteca que parece dar la razón a los que consideran que hasta en tiempos de Briz era más dinámica que ahora, no obstante la fama que antecedió al actual ministro por su labor en la SIECA, pero que evidentemente no le proporcionó el adecuado conocimiento de lo que es la conducción de la política exterior en los dos temas más importantes del país, como son los de Belice y la migración.
La búsqueda de soluciones negociadas que pudieran mejorar la postura nacional tampoco puede considerarse como opción mientras nuestra diplomacia siga tan minimizada como en la actualidad. Los principales expertos del tema de Belice ya no son tomados en cuenta y por lo tanto se ha terminado por dejar el asunto en manos de gente que no sólo evidencia poco conocimiento de la historia, sino aun menos conocimiento de las normas del derecho internacional.
En resumidas cuentas, el asunto se ve complicado para los intereses nacionales porque se puede dar por sentado que al someterlo a la jurisdicción de la Corte Internacional vamos a pagar un alto precio por la falta de criterio claro sobre cómo proceder en esa instancia y por la falta de equipos legales capaces de una adecuada representación. Pero pretender que mediante la negociación directa, y ante un eventual rechazo en la consulta popular, se pueda obtener algún resultado más positivo es iluso dada la falta de agilidad y competencia de la diplomacia nacional.