Decí­a ayer Acisclo que la indemnización para funcionarios y empleados es cuando se les despida por causa no justa, según lo establece la Constitución. El problema es que esta situación de la indemnización ilegal e inconstitucional de los diputados lo tiene que resolver la Corte de Constitucionalidad que, precisamente, fueron los primeros que violaron la Constitución al autorrecetarse indemnización.

Ahora bien, los que esperamos que el Congreso derogue tal disposición más que soñando, estamos viviendo en otra dimensión, pues esos que declaran que ya le ordenaron a los diputados que no la reciban, nos la están viendo, esperando que pase la efervescencia para dar el asunto por olvidado. Por eso hay que reconocer el mérito que tienen los partidos que, sin mucho hablar, expulsaron a los diputados sinvergí¼enza y no empezaron a casaquear, «que el debido proceso», «que el Comité de Disciplina», «que el Comité Ejecutivo», «que las pruebas», «que si lo engañaron», etc. Cuando se cumpla todo eso, los diputados que finalizaron su perí­odo ya cobraron y se fueron a disfrutarlo tranquilamente.

Está muy claro, pero clarí­simo que todo esto aunque todos los vemos como un latrocinio, no es ni nada mas, ni nada menos que el pago que se les ofreció por aprobar el presupuesto. Que no vengan a querer babosearnos nuevamente diciendo que Baldizón se saltó las trancas, pues no me explico que interés pueda tener este diputado en cuadruplicar la Secretarí­a de Bienestar Social de la Presidencia. Si fuera cierto, que esas no fueron las órdenes que dejó el presidente electo, es grave, graví­simo, pues eso quiere decir que no es él, el que da las órdenes y que sólo es el encargado de las relaciones públicas.

Volviendo al tema que nos interesa y que poco a poco se irá consolidando el aumento y la indemnización, yo quisiera oí­r a un jurista calificado qué es lo que se puede hacer cuando los magistrados de la propia Corte de Constitucionalidad son los primeros que violan la Constitución, si es que hay alguna instancia donde se pueda interponer algún recurso o alguna demanda.

Si no la hay, entonces está roto el orden constitucional y alguien está obligado a tomar el poder para corregir esas anomalí­as, convocando a elecciones inmediatamente para una constituyente que elabore una Constitución que no permita esos desmanes y que se corrija todo ese latrocinio que han perpetrado con fondos del pueblo al recetarse los funcionarios salarios escandalosos, indemnizaciones en forma inconstitucional y en otros casos, pensiones que exceden los cinco salarios mí­nimos, tal como externó un candidato a la Presidencia que él tení­a no sé cuántos miles de jubilación. Será que debido a todos estos desmanes algún dí­a se cumpla lo que juran todos los funcionarios cuando toman posesión: «De no hacerlo, que el pueblo lo demande».