Estoy convencido de que la iniciativa de Petrocaribe será aprobada finalmente porque a pesar de las objeciones ideológicas que se escuchan, no puede negarse que es una oportunidad para obtener recursos baratos para propiciar desarrollo. Sin embargo, me preocupa que el Gobierno no atine a tomar una sana iniciativa en la que defina los mecanismos de fiscalización y control para garantizar el buen uso de los recursos ni que concrete los proyectos en los que piensa invertir el dinero, cuantificando lo que pueda ir a cada rubro.
ocmarroq@lahora.com.gt
Porque es indudable que Petrocaribe puede ser una fuente de megafinanciamiento para propiciar desarrollo, pero también puede ser una fuente de megacorrupción en un país donde no funcionan los mecanismos de control y la institucionalidad fiscalizadora es absolutamente frágil y deliberadamente inoperante. Por ello es que tendrían que implementarse mecanismos alternos que permitan a la sociedad organizada actuar para supervisar la forma en que se maneja ese flujo adicional de dinero que puede ser sumamente útil si se destina a proyectos con ciertas características y se usa bien.
Es obvio que la principal y más categórica objeción a la iniciativa que significa adquirir derivados del petróleo de Venezuela está en la ausencia de los mecanismos de control que garanticen el manejo probo del dinero. Hoy en día y con los instrumentos existentes, podemos decir que no roba únicamente el que no quiere, porque hay tantas formas de desviar los recursos sin cometer técnicamente ilegalidades ni dejar huellas que la Contraloría de Cuentas pudiera seguir en caso de existir voluntad política, que el erario es una verdadera arca abierta.
Por ello es que haría un enorme servicio a la Nación el gobierno actual si en el marco de la discusión del proyecto de Petrocaribe propusieran nuevos mecanismos de control que involucren a la sociedad y que se fundamenten en el acceso a la información. Pienso que sin esa combinación de factores, cualquier recurso adicional disponible corre enorme riesgo de perderse o de ser desviado con fines corruptos porque el sistema está lamentablemente hecho para que cualquiera robe y para que nadie tenga que responder por los actos inmorales de enriquecimiento ilícito.
Pienso que si el Gobierno nos dice que el dinero que provenga de Petrocaribe se destinará concretamente en tales montos a proyectos específicamente enumerados y que se convoca a la sociedad para que sea parte del proceso de fiscalización, la negociación podría ser una especie de gana-gana porque no sólo permitiría invertir en el desarrollo social del país, que tanta falta nos hace, sino que se marcaría un hito en los procedimientos administrativos y de control del gasto, elemento que es aún más indispensable en las condiciones actuales que la misma inversión social, entendiendo que ésta, sin los controles, sirve especialmente para alentar más actos de corrupción.
Ningún gobierno ha querido ponerse la camisa de fuerza de transparentar el manejo de las cuentas públicas porque eso significa reducir las posibilidades de enriquecerse con los fondos del Estado y es evidente que esa ambición es crucial para la inmensa mayoría de los políticos. A lo mejor peco de incauto, pero siento que pocas veces puede darse la oportunidad de hacer tanto por el país como si el gobierno actual se amarra voluntariamente a una fiscalización de la que formen parte los grupos de oposición, además de otros sectores sociales. Y como de ilusiones también se vive, nunca es malo alentar algunas…