A lo largo de los muchos años en que el ingeniero ílvaro Colom fue candidato presidencial, objetó manejos poco claros de los gobiernos y demandó transparencia en la administración de los recursos públicos. Gracias a Internet se pueden revisar más fácilmente las colecciones de los diarios en los últimos años, sin tener que desplazarse a la Hemeroteca Nacional, y ver que él, como todos los políticos en la llanura, reclamaba cuando los funcionarios escamoteaban información.
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La forma en que su gobierno presentó los datos del programa Mi Familia Progresa evidencia la clara intención de evitar un real escrutinio. No me atrevo a decir que el mismo Presidente fue consultado antes de elaborar el voluminoso documento sobre la forma en que se enredaron los datos para hacerlos incomprensibles e inútiles, pero alguien tiene que haber ordenado que se realizara el trabajo de esa manera para dar la información sin dar nada en realidad. Y he estado pensando cuál sería la actitud del ingeniero Colom si, en calidad de candidato presidencial, hubiera enfrentado una marrullera actitud gubernamental que escamoteara deliberadamente la claridad en la información para amontonar una gran cantidad de datos que no pueden contrastarse ni verificarse de ninguna manera. Seguramente que hubiera reclamado transparencia para fiscalizar adecuadamente el manejo de los fondos públicos porque eso es lo que hacen todos los políticos cuando están en la llanura, aunque cambien radicalmente de actitud una vez instalados en el guacamolón. El pasado fin de semana el mismo presidente Colom dijo que las denuncias formuladas respecto al manejo de los fondos de la Vicepresidencia y el Plan Trifinio tenían que ser investigadas a cabalidad porque no se podían permitir ocultamientos. Pues lo mismo que dice él respecto al escándalo provocado por los más cercanos colaboradores de Espada tendría que valer para los casi mil millones de quetzales que se han repartido en el programa Mi Familia Progresa, sobre todo pensando que ese tipo de políticas tienen que institucionalizarse como instrumentos de combate a la pobreza y nada les hace más daño que ese manejo secreto de los datos que impide la fiscalización. Porque cualquiera que se oponga por razones ideológicas a que haya una política de combate a la pobreza, encuentra en esa nebulosa sobre el manejo de los fondos la serie de argumentos a esgrimir para atacar iniciativas orientadas a beneficiar a la gente más pobre de nuestro país. Por ello se me hace tan difícil entender la postura del presidente Colom, puesto que él mejor que nadie tiene que entender que para institucionalizar sus políticas hace falta disipar toda duda sobre la forma en que se administran los fondos y eso no se logra mediante maniobras burdas como la de entremezclar datos sin ton ni son para decir que «allí está la información» a sabiendas de que la misma se vuelve inútil en la forma en que ha sido presentada. Apelar a su experiencia como político en la llanura es importante para que el Presidente reflexione sobre cómo pensaba él entonces y cómo piensa, con razón, la opinión pública ahora. Si el mandatario tiene la humildad de recordar cómo era él entonces y lo que pensaba y decía, puede ser que en un arranque de autenticidad ordene que se transparente la información.