El tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, fue presentado al Frente Republicano Guatemalteco por el vicepresidente Stein esta mañana y al terminar la reunión los dirigentes del partido dijeron que no les parece la propuesta porque la presencia de extranjeros viola la soberanía del país. Mi primer pensamiento, al ver la postura de los seguidores de Ríos Montt, es que con esas actitudes que luego no se sorprendan si desde afuera se produce una acción penal en contra de su líder, puesto que esa injerencia extranjera en asuntos nuestros es resultado, cabalmente, del empecinamiento local para asegurar y endurecer el régimen de impunidad que ha beneficiado a individuos como el ex jefe de Estado.
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Cabalmente lo que pretende la CICIG es abrir la brecha en un campo en el que los nacionales hemos sido absolutamente inútiles porque no hay ni voluntad ni faroles para combatir la impunidad que en nuestro país tiene características de estructural e institucional. Nosotros somos y hemos sido fervientes defensores de la soberanía del país y nos duelen actitudes entreguistas como la que tuvo el mismo gobierno del FRG cuando se pasó por el arco del triunfo la normativa constitucional para permitir las operaciones de tropa norteamericana en nuestro país. Y es que resulta paradójico que ahora, cuando se trata del tema de la impunidad que eventualmente podría tener implicaciones en contra del dirigente de ese partido, les aparezca súbitamente ese celo patriótico que no tuvieron durante el gobierno anterior. Podrán decir que las decisiones las tomaba el Ejecutivo y que en tal sentido fue Portillo el responsable, pero durante buena parte del régimen el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo bajo control del partido.
Yo soy de los que consideran que los españoles se exceden con ese criterio de la justicia universal, pero el argumento que resulta difícil de rebatir es el relacionado con la incapacidad de nuestra propia justicia para castigar a los criminales. Y si cuando se hace un esfuerzo para establecer una comisión que venga a abrir brecha en el combate de la impunidad, gente como la del FRG presume, sin razón, de defensores de la soberanía, terminamos dando la razón a los que se arrogan el derecho de administrar justicia por todo el mundo.
Por supuesto que el ideal sería que el combate a la impunidad en el país fuera realizado por nuestro Ministerio Público y por guatemaltecos con preparación, capacidad y faroles para entrarle a los grupos clandestinos, al poder paralelo ahora identificado con el crimen organizado. Pero para lograrlo hay que dar pasos previos y se requiere del concurso internacional para que generemos la cultura de la investigación que actualmente no existe en Guatemala. Es preciso contar con la cooperación internacional para romper el paradigma de la impunidad y es una vergí¼enza que los seguidores de una persona que es perseguida internacionalmente sean los que más se pongan los moños. Y, repito, esgrimiendo el tema de la soberanía que no fue motivo de desvelos en el gobierno pasado cuando a trompatalega aprobaron las operaciones de miembros de un ejército extranjero en nuestro país sin cumplir con los requerimientos constitucionales.
Viendo las cosas en su justa dimensión, la validez de la CICIG y su posibilidad de aportarle algo al país se ratifica y comprueba con la postura del FRG. Si los eferregistas la hubieran aceptado sin chistar, hubiéramos tenido que alentar dudas sobre si iba a servir para algo en la lucha contra la impunidad. La oposición que ahora expresan es prueba de que esa Comisión puede hacer algo positivo por el país.