Ayer el Ministerio Público anunció que serán citados a declarar los funcionarios públicos que contrajeron la deuda flotante al suscribir contratos u ordenar trabajos sin que existiera partida presupuestaria para cubrir la obligación derivada. Se trata de quienes ocuparon la cartera de Comunicaciones en sucesivos gobiernos y que tienen que explicar por qué comprometieron fondos públicos sin tener espacios presupuestarios.

Evidentemente se trata de un típico caso de malversación de fondos públicos, delito que comete el funcionario que usa los fondos del Estado para fines distintos a los que tenían en el Presupuesto General de la Nación. En otras palabras, estos funcionarios actuaron a sabiendas de que no existía asignación para las obras contratadas y de todos modos comprometieron los fondos generando esa inmoral, ilegal e indecente deuda flotante que de manera inexplicable el Gobierno quiere “honrar” forzando al Congreso a que apruebe la emisión de bonos del tesoro para financiar más de 3.5 mil millones de quetzales que se “adeudan” a contratistas privados.
 
 No existe en realidad ninguna auditoría formal, efectiva y confiable sobre las obras de referencia y es únicamente la palabra del Ministro de Comunicaciones la que avala el adeudo. Ministro que, a su vez, ya generó deuda flotante el año pasado y que por lo tanto también debiera ser citado para que declare sobre ese extremo, al igual que sus antecesores y los que tuvieron a su cargo la decisión de contratar servicios de construcción y lo hicieron sin disponer de los recursos correspondientes.
 
 Es indispensable que el Ministerio Público actúe y que se obligue a la Contraloría de Cuentas a cumplir con su obligación constitucional, lo que significa que debe aportarle a la fiscalía los datos y la información pertinente para que se puedan deducir las responsabilidades del caso. Sólo así se logrará que, impuestas las sanciones penales que correspondan, los funcionarios que obligaron al Estado de manera ilegal, asuman también las responsabilidades civiles correspondientes porque son ellos quienes tienen que resarcir a los contratistas de buena fe (si es que los hay) que hayan ejecutado efectiva y honestamente trabajos sin saber que estaban siendo engañados por los titulares del ministerio y sus viceministros.
 
 Ya es tiempo de sentar precedentes para ponerle coto al desmadre que hay con el manejo de los fondos públicos y con la ausencia total de responsabilidad de quienes se enriquecen mediante negocios turbios en el ejercicio de funciones en el Estado. Es necesario terminar con la tradición de que siempre es el Estado el perdedor, lo que equivale decir que el contribuyente tiene que cargar con las consecuencias de los trinquetes de unos cuantos largos.

Minutero:
Para nadie es un misterio
 la forma en que se enriquecen
 desde ese ministerio
 donde al financista obedecen